Si en una primera acepción de la Real Academia de la Lengua, la reforma es la acción y efecto de reformar o reformarse, en una segunda, significa lo que se propone, proyecta o ejecuta para innovar o mejorar. La contrarreforma, en cambio, es la actuación contraria a una reforma anterior. Es decir, la contrarreforma se dirige a la cancelación de un cambio innovador que se llevó a cabo con el fin de optimizar algo.
Es común el que las reformas de alcances históricos, entendidas como transformaciones con sentido progresivo, se realicen como respuesta a grandes tensiones sociales o políticas y que se alcancen después de largos y complejos procesos de denuncia, diagnóstico, propuesta, debate, revisión y aprobación. Las contrarreformas, en cambio, por lo regular se imponen unilateralmente a resultas de decisiones autoritarias, evaden el diagnóstico, la formulación de propuestas con la consecuente valoración de alternativas, eluden el consenso para su aprobación legítima y se consuman bajo el velo de enemigos inventados, discursos nacionalistas y “a nombre del pueblo”.
Por lo anterior, no es errado calificar como contrarreformas a las recientes modificaciones constitucionales y legales que emprendió el actual grupo en el poder, cosa que hizo en forma unilateral, sin diagnóstico previo, sin valoración de las diferentes alternativas planteadas y despreciando por completo el consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Si las reformas de la etapa de la transición democrática se orientaron a acotar al presidencialismo y abrir puertas al pluralismo y a la gobernanza democrática, las contrarreformas de la 4T tienen el sentido de reinstalar en forma recargada el régimen presidencialista. Se caracteriza por la eliminación de contrapesos, trátese de los poderes de la Unión, de órganos con autonomía constitucional o de la soberanía de los estados de la República.
Y nos referimos, particularmente, a los retrocesos impuestos en materias como la electoral, la militarización, la transparencia y la integración del poder judicial. Tales modificaciones son regresivas porque, además de retrotraer el régimen político al presidencialismo autoritario, van en contra de la progresividad de los derechos, pues implican la violación de derechos fundamentales como el de las elecciones auténticas, el derecho a una vida libre de violencia y los de acceso a la información pública y a la justicia.
A trasmano y sin que viniera al caso, al hacer aprobar la elección judicial, el grupo en el poder insertó en la ley electoral normas que atentan contra el Consejo General del INE y centralizan las decisiones de dicho Instituto en su presidencia. Esto, por el simple hecho de que la actual presidenta de ese Instituto es militante de la 4T. Es de esperarse que próximamente se aprueben otros engendros tendientes al control gubernamental del órgano electoral, así como limitaciones a la emisión del voto so pretexto de “abaratar las elecciones”. Sucederá con la reducción del número de casillas (cosa que se hará mediante otra fe de erratas a la elección judicial), la imposición de la tómbola como sucedánea del voto universal y la “elección popular” de los consejeros electorales.
La militarización de la seguridad pública no resolverá los problemas de violencia ni combatirá el dominio territorial de las bandas criminales. En cambio, fortalece el cogobierno castrense como medida disuasiva contra las disidencias. La supresión del INAI nulificará el derecho de acceder a la información pública y al resguardo de los datos personales, mientras que la reforma al poder judicial quita a los ciudadanos los derechos a la presunción de inocencia y a ser juzgados por tribunales independientes y jueces profesionales.
En lugar de estos derechos fundamentales, se instalarán las elecciones de Estado, la disuasión verde olivo contra la población, el ocultamiento de información incómoda para los gobernantes en turno y una judicatura plegada a las consignas de los poderosos.
Cincelada: Un cuerpo militar resguarda el rancho de Palenque, se construyó ahí un aeropuerto internacional y la estación del Tren Maya. Pero eso sí: “ya no hay pensiones para los expresidentes”.
