Como se documentó aquí el día de ayer, la señora Mariclaire Acosta es la cabeza de un presunto grupo mafioso que —con la careta de la defensa de derechos humanos— saquea millones de pesos de dinero público, al tiempo que libera a algunos de los peores criminales y secuestradores.
La señora Acosta, como también se dijo, ha ocupado importantes cargos en las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y actualmente ostenta un cargo de privilegio en la CNDH, institución que ha guardado silencio ante las evidencias de corrupción a su interior.
Y por pura casualidad, en 1989 la señora Acosta también fundó —entre otras organizaciones depredadoras de derechos humanos— la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), de la cual exhibimos tres perlas —ejemplos vergonzosos— de la red de corrupción y complicidad en todo el circuito nacional e internacional de derechos humanos, para cobrar decenas de millones de pesos para la "reparación de daños" a criminales. Es decir, los derechos humanos al servicio de grupos mafiosos y grupos criminales.
1. El 28 de septiembre de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 52/2012. En ella se lee que el 14 de marzo de 2011 una mujer desapareció en Ensenada, Baja California. La realidad es que había sido detenida con cinco kilos de mariguana que presumiblemente comercializaba en esa ciudad. Asesorada por la ONG de Mariclaire Acosta, la defensa de la detenida argumentó tortura y reclamó reparación de daños. Al final le dieron más de cuatro millones de pesos con cargo al fondo para reparación a víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
2. El 16 de diciembre de 2011, la CNDH emitió la recomendación 87/2011. En ella explica la detención de 25 personas —dos civiles y 23 policías municipales de Tijuana— por presuntos nexos con el crimen organizado. En su defensa, los detenidos argumentaron tortura —asesorados por la misma ONG fundada por la señora Mariclaire Acosta— y, por ello, recibieron casi 17 millones de pesos del fondo para reparación a víctimas de la CEAV.
3. El de Rosendo Radilla es un caso emblema. Se trata de un hombre originario de Atoyac, Guerrero, que habría sido desaparecido por militares hace 41 años. Según todos los informes, es real que se trató de una desaparición forzada a manos de los cuerpos de seguridad del Estado.
El esclarecimiento del caso también estuvo a cargo de la Cmdpdh —fundada por Mariclaire Acosta. El 17 de noviembre de 2011, a solicitud de la CIDH, la Secretaría de Gobernación reconoció la responsabilidad del Estado en esa desaparición.
Pero no fue todo, la Cmdpdh cobró 25 mil dólares —más de 300 mil pesos— como reparación del daño.
Tan solo en los tres casos citados, la Cmdpdh —de la señora Mariclaire Acosta— cobró poco más de 20 millones de pesos del fondo para la reparación del daño a víctimas. ¿Cuánto de ese dinero terminó en las bolsas de los ardorosos defensores de derechos humanos?
Pero esos 20 millones son una bicoca frente a los 25 millones que la Cmdpdh de Mariclaire pedirá por reparación del daño en otro caso emblema: el de Alfonso Martín del Campo —que detallaremos en otro momento—, un criminal que mató a su hermana y su cuñado, y que fue liberado gracias a los engaños de supuesta tortura. Todo, mientras que a las hijas del matrimonio asesinado nadie les prestó ayuda.
La danza de los millones de la mafia de derechos humanos que encabezan, entre otros, Mariclaire Acosta y Emilio Álvarez Icaza.
¿Y la justicia?
Al tiempo.
Este artículo fue publicado en Milenio el 13 de Abril de 2016, agradecemos a Ricardo Alemán su autorización para publicarlo en nuestra página
