El INE presentó hace unos meses, en una sesión extraordinaria del Consejo General, un proyecto para que la lista nominal de electores que se entrega a los partidos políticos no incluyera los datos personales de 82.4 millones de ciudadanos. Estaba fresco el fraude cometido en Chiapas el año pasado, en el que miles de votantes fueron “rasurados” del padrón e inscritos fuera del territorio nacional (desde donde se les hizo “sufragar” por el PVEM).
Estaba fresco también el descubrimiento de que cuatro partidos, PRI, Morena, PAN y PRD, se habían valido del listado nominal para manipular los resultados de supuestas consultas populares. Explotando los datos personales contenidos en el listado, los cuatro partidos habían hecho “participar” en sus consultas hasta a un 40% de votantes que ni siquiera estaban al tanto de que dichas consultas habían ocurrido.
Desde siempre, el INE ha entregado el listado nominal a los partidos, para que éstos lo verifiquen. Desde siempre, los partidos se han llevado el listado a su casa, para luego sacarle jugo a conveniencia. Ha sido una herramienta del clientelismo electoral sin límite.
Así que, cuando el INE propuso que se restringiera la entrega de los datos del listado (a excepción de nombre, sección y distrito), y que los interesados acudieran a consultarlo al Centro de Cómputo que el Registro Federal de Electores instaló hace un año, y que costó al erario 15 millones de pesos, sobrevino la revolución.
