La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, sufrió un revés judicial luego de que el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito suspendió las medidas cautelares que impedían al periodista Jorge Luis González Valdez, de 72 años, ejercer el periodismo durante dos años y bloqueaban las actividades del medio Tribuna.
La resolución, emitida el pasado miércoles 9 de junio, derivó de la queja 411/2025 presentada en el juicio de amparo directo 748/2025-III-A ante el Juzgado Primero de Distrito en Campeche. El Tribunal determinó que las medidas ordenadas eran excesivas y violaban derechos humanos protegidos por los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución, que garantizan el libre ejercicio profesional, la libertad de expresión y de prensa.
“En su análisis, el Tribunal consideró que las medidas cautelares impuestas, que son la suspensión de actividades del medio de comunicación y la prohibición de que ejerza la profesión de periodista, transgredían de forma desproporcionada derechos humanos”, explicó Jorge González en entrevista para Proceso.
La denuncia que originó el proceso fue interpuesta por la propia gobernadora morenista, bajo el argumento de que publicaciones realizadas por González Valdez y el medio Tribuna provocaron violencia física o psicológica en su contra. Esto derivó en la apertura de la carpeta judicial 571/24-2025 por el delito de odio, a pesar de que el periodista se jubiló desde 2017.
Aunque el Tribunal suspendió las medidas cautelares, el proceso penal de fondo sigue en curso, como reconoció el propio González Valdez, quien dirigió Tribuna hasta su retiro en 2016. Sin embargo, la suspensión garantiza que él y el medio puedan seguir ejerciendo su labor mientras se revisa a fondo el caso.
En su fallo, los magistrados subrayaron que las restricciones impuestas “carecían de proporcionalidad y que otras acciones menos lesivas pudieron haberse tomado para proteger a la presunta víctima”.
El caso ocurre en un contexto de creciente presión oficial contra medios en Campeche y el resto del país, un caso similar ocurre en Tamaulipas con el periodista Héctor de Mauleón. Desde el inicio de la administración de Layda Sansores, han cerrado publicaciones como “Novedades”, “Expreso”, “Crónica” y “El Sur”, en medio de denuncias del gremio periodístico que acusan que el gobierno morenista busca callar voces críticas mediante demandas y presiones económicas.
Datos de organizaciones como Artículo 19 advierten que Campeche figura entre los estados donde se han incrementado los casos de hostigamiento judicial contra periodistas. A nivel nacional, México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la prensa, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).
“Se aceptó que esta decisión no extingue el proceso de fondo, sino que garantiza la protección temporal de los derechos mientras se analiza el caso a profundidad”, recalcó González Valdez.
(Con información de Proceso)
