La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha utilizado la figura de la violencia de género para censurar a medios y periodistas críticos en Veracruz, alertaron organizaciones como Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), quienes advirtieron que en los últimos meses al menos nueve periodistas de aquella entidad han sido sancionados con multas económicas, retiro de contenidos, ofrecimiento de disculpas y hasta ser inscritos en registros de violentadores; de igual forma, alrededor de 22 medios y una académica que han criticado estas sentencias, también fueron sancionados.
De acuerdo con información recabada por la revista Proceso, la más severa de las sanciones emitidas por la Sala Regional Especializada del TEPJF, se aplicó contra cinco periodistas de diversos medios que fueron señalados de cometer violencia política de género en contra de quien fuera candidata del PVEM la presidencia municipal de Teocelo en 2021, Mara Yamileth Chama Villa, quien en 2024 buscó ser diputada por la misma localidad.
Chama Villa acusó en su queja que en las dos ocasiones que buscó cargos, medios y periodistas ejercieron violencia política de género en su contra. En algunos de los casos se tomaron como “evidencia” notas publicadas desde hace cuatro años, se hacían referencia al parentesco con su padre, que fue alcalde de dicho municipio en el momento en que ella buscaba el cargo.
Según los integrantes de la Sala Regional del TEPJF, al encontrarse en las publicaciones frases como “heredarle el cargo”, “cumplirle el capricho”, “la niña verde”, entre otras, se supeditaba la candidatura de Chama Villa a su padre, se invisibilizaban sus méritos y por lo tanto, se incurría en formas de “violencia simbólica”.
Uno de los medios sancionados fue la emisora comunitaria Radio Teocelo, en la cual se transmitió en 2021, un spot satírico enmarcado en el proceso electoral de aquel año, donde se hacían críticas a prácticas como el “chapulineo”, el nepotismo y las candidaturas heredadas. El medio ha recibido al menos ocho requerimientos tanto del OPLE y el Tribunal de Veracruz y más recientemente, de la Sala Especializada del TEPJF; en ellos han sido objeto de diversas sanciones como multas y ofrecimientos de disculpas públicas, entre otras.
Élfego Riveros, periodista de dicha estación radial, calificó esta embestida de las autoridades electorales como inédita en sus casi 60 años de historia; asegura que están cumpliendo bajo protesta las sentencias, pues están en desacuerdo con ellas. Reprocha que prácticamente los quieren amordazar, porque incluso los sancionan por publicaciones de otros medios donde se solidarizan con Radio Teocelo. Advirtió un uso político de las instituciones.
Mara Yamileth Chama Villa contendió de nueva cuenta por la alcaldía de Teocelo por la coalición Morena-PVEM en el proceso electoral del pasado 1 de junio; en ese contexto denunció violencia de género por parte de la académica Celia del Palacio, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara, quien en el Canal 44 de aquella ciudad, hizo un comentario relacionado con el abuso de la figura de la violencia de género para sancionar periodistas, pero en ningún momento personalizó su intervención, ni usó lenguaje ofensivo. Aun así el OPLE de Veracruz obligó al canal jalisciense a bajar la intervención de la académica, quien consideró que este uso abusivo de las leyes en materia de género se está sentando un precedente muy grave.
Por su parte, el director de la CEAPP, Luis Ramírez, se sumó a las voces que alertan que la figura de la violencia de género se está inhibiendo la libre expresión e hizo un llamado al Congreso de Veracruz para que haga una revisión a fondo de la ley respectiva; criticó la actuación de las instancias electorales que aceptan quejas y emiten resoluciones sin criterios claros.
Señaló que más de 40 periodistas en el estado y ONG se han pronunciado contra estas resoluciones en una carta abierta, donde calificaron las sanciones como una medida que atenta contra la libertad de expresión y sienta un precedente preocupante contra el ejercicio periodístico.
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