Cuando ya todo apuntaba a que el año 2,000 México viviría su primera alternancia política de forma pacífica en la historia, escribí un libro reflexionando sobre las distintas dificultades que enfrentaría el proceso de democratización (Fronteras Democráticas, 1999).
Uno de los temas que incluí fue el peligro que suponía el narcotráfico en el proceso democratizador, y cómo podría jugar en su contra.
Reproduzco algunos párrafos que aparecen en ese libro sobre este tema en particular:
“La presión norteamericana al gobierno mexicano en la lucha antidrogas puede complicar el proceso de transición en lugar de favorecerlo, contrariamente a lo que cree el gobierno norteamericano.
Aunque Estados Unidos menciona siempre el peligro que representa el narcotráfico a la democracia, la solución que ha seguido es la del combate frontal, la guerra declarada a los cárteles de la droga.
El gobierno mexicano se ha tenido que plegar a dicho esquema, pues no podría oponerse abiertamente a él.
Por ejemplo, en el Diagnóstico Conjunto elaborado por ambos países se lee:
‘El narcotráfico se transforma con sorprendente rapidez, rebasando en muchos casos la capacidad institucional para contrarrestarlo; … el lavado de dinero, el tráfico de armas y, principalmente, la infiltración en las estructuras de poder son los efectos nocivos más visibles’…
La tesis norteamericana consiste fundamentalmente en que una mayor democratización en México (y otros países productores o comercializadores de estupefacientes) se traducirá en mayor eficacia en la lucha antinarcóticos.
Esto suena lógico, pues las instituciones democráticas tienen mayor capacidad para controlar y llamar a cuentas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El Zar de las drogas Barry Macafry, en 1997 afirmó:
‘Los avances democráticos de México ayudarán a convertir acuerdos en resultados concretos’.
Sin embargo –apuntaba yo- en virtud de la enorme capacidad de corrupción del narco, quizá las cosas sean a la inversa; el narcotráfico no sólo escapa a los controles democráticos sino que, además, tiene la capacidad para desvirtuarlos y anular su eficacia.
Por ejemplo, el involucramiento de las fuerzas armadas en esta lucha genera el alto riesgo de que queden corrompidas y respondan ya no a los mandos del Estado, sino a los jefes de los cárteles.
Tal y como lo señaló el ‘Zar antidrogas’ norteamericano Barry McCaffrey: ‘Es una locura exponer al ejército a la corrupción del narcotráfico. Las fuerzas armadas tienen una responsabilidad mayor’.
Estos riesgos podrían sintetizarse como sigue:
A) El dinero con que cuentan los cárteles es tan cuantioso que fácilmente puede penetrar e influir sobre muchos de los actores clave en la transición democrática.
Dicha injerencia puede modificar radicalmente la racionalidad y el comportamiento de dichos actores, en un sentido distinto e incluso antagónico al que exige un proceso de transición democrática.
B) La democratización exige el fortalecimiento y predominancia de los llamados sectores ‘moderados’ que se encuentran dentro de cada actor político, y es probable que el narcotráfico influya particularmente sobre los sectores ‘duros’ que, por tanto, tendrán mayor fuerza política y económica para imponerse dentro de sus respectivas instituciones y organizaciones.
C) La democratización exige el compromiso de los actores con un ordenamiento legal básico para dirimir sus respectivas diferencias de manera pacífica, pero por definición en ese esquema no pueden entrar los cárteles de la droga, pues operan en la ilegalidad.
La violencia que genera esta situación (entre narcotraficantes y el Estado, o entre cárteles rivales) tiende a propiciar un ambiente de desorden e ilegalidad que podría inclinar la balanza del proceso de transición hacia la inestabilidad y la confrontación abierta entre diversos actores políticos.
D) Los narcotraficantes, al promover sus intereses, pueden participar directamente en la política o apoyar a ciertos partidos y políticos (que, por ello, rendirán cuentas a los capos y no a los electores).
Esto provoca que los centros de poder en ciertas decisiones se desplacen fuera de las instituciones legalmente constituídas.
La rendición de cuentas de los gobernantes se hace más difícil en tales condiciones. Ello contribuye también a obstruir los propósitos de la democracia.
Igualmente, al incidir en las campañas electorales con ‘dinero sucio’, los narcotraficantes dificultan la consecución de una condición básica de la democratización pacífica; generar suficiente credibilidad en los procesos electorales, así como el consenso necesario respecto de los resultados oficiales”.
Hasta aquí la cita.
Había más consideraciones sobre este tema, pero con esto es suficiente para comprobar hoy que –lamentablemente – esos riesgos se fueron cumpliendo en lo general, dañando gravemente la democracia hasta el grado de prácticamente desaparecerla (aunque en eso han influido muchas otras variables), así como la creciente pérdida de gobernabilidad conforme pasa el tiempo.
