La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que Alex Tonatiuh Márquez Hernández ya no labora como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la revocación de la visa estadounidense al también conocido como “Lord Relojes”, así como de investigaciones por su presunto vínculo con huachicol fiscal.
Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no tiene conocimiento de tales situaciones.“No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas, lo que sí es que ya no trabaja en aduanas”, declaró la presidenta.
Dijo que la salida fue una “decisión interna” tomada por el director de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo no motivada por algún delito.
“No hay nada en este momento que pudiera decirse, tanto de Anticorrupción o de la Fiscalía, que hubiera alguna decisión de delito en particular”, señaló.
Se recordará que Márquez Hernández ha sido cuestionado por su patrimonio y nivel de vida, con lujos no acordes con sus ingresos.
Por ejemplo, este martes el diario El Universal recuerda que entre 2019 y 2025 el exfuncionario reportó ingresos aproximados de un millón de pesos, principalmente de la ANAM y la empresa Aledo, pero declaró egresos por solo 610 mil pesos, monto considerado insuficiente para su estilo de vida.
Además, varios reportes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han documentado sus lujos. Hace unos meses reveló que Márquez Hernández declaró una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos.
También informó que en marzo pasado compró un penthouse de lujo en Polanco al Coronel del Ejército mexicano Antonio Buchan Martínez a un precio menor al de su valor de mercado. Se trata de un penthouse con tres niveles y 240 metros cuadrados.
Sheinbaum declaró que su administración actúa con honestidad y no protege a nadie. “Nosotros no somos tapadera de nadie. Actuamos con honestidad y responsabilidad”, afirmó, al tiempo de insistir en que el Sistema Anticorrupción permite sanciones administrativas o remisiones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en casos graves de funcionarios que cometen corrupción.
“Cualquier servidor público, si hay algún señalamiento de que esté involucrado o tiene algo que ver con algún tema, irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, dijo.
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