El derrame en el Golfo no fue un fenómeno natural ni un evento inesperado. Desde febrero existían imágenes satelitales que mostraban con claridad la fuga en un ducto de Pemex. Un barco reparador especializado estuvo sobre ese punto durante 175 horas. La información estaba ahí. La evidencia era verificable. El gobierno la conocía.
Aun así, el aviso oficial llegó mes y medio tarde. En ese tiempo, la mancha avanzó y terminó afectando casi mil kilómetros de costa y 96 sitios. Las comunidades enfrentaron el desastre sin información, sin equipo y sin capacitación. La narrativa institucional se movió entre explicaciones parciales, pretextos y la idea de que todo podía deberse a “emanaciones naturales”. No era cierto. Y lo sabían.
El problema ya no es solo el derrame. Fue la irresponsable decisión de sostener una versión que no coincidía con los datos. Fue el tiempo perdido en pretextos cuando lo urgente era actuar. Esa falta de transparencia sobre las órdenes de trabajo y sobre la operación en el ducto. Es la omisión convertida en respuesta oficial. Y es también de un gobierno que, teniendo la información desde el inicio, eligió instalar una narrativa que no correspondía con la realidad, aun cuando la afectación ya era visible desde el espacio.
Tabasco y Veracruz han sido tratados durante años como territorios donde la extracción se impone sobre todo lo demás. El derrame confirma esa lógica: la zona de sacrificio se normaliza, y la población queda expuesta sin información ni protección.
Lo que se debió hacerse e informar:
Una fuga en un ducto marino que requiere términos especializados para atenderse de un tubo que transporta hidrocarburos en el fondo del mar.
Eso fue lo que ocurrió.
Y eso fue lo que se ocultó detrás de explicaciones que no correspondían con la realidad.
La responsabilidad no se limita a un director de Pemex que coadyuvó a no informar la verdad. Involucró a todo un gobierno que sostuvo una explicación que no coincidía con lo que ya se sabía. Y hoy abre una exigencia básica que no puede seguir posponiéndose: ¿qué se va a hacer para reparar el daño, cuál es el avance real y cuánto tiempo tomará asegurar que la fuga en el ducto marino quedó completamente resuelta?.
No son solos preguntas. Es una obligación pública. Después de un derrame de esta magnitud, el país merece información verificable, no versiones tardías ni explicaciones que nacieron desmentidas por las imágenes. Lo mínimo es claridad sobre el actual estado de los ductos, los trabajos que se realizan el ducto dañado, los pendientes y los plazos.
Lo mínimo es saber si el daño está contenido o si seguiremos dependiendo de los comunicados que ahora si, llegarán después de los hechos.
¿ Después de este desastre ecológico, los mexicanos merecemos este tipo de gobierno?
