El gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum gastó alrededor de 9 millones de pesos en encuestas para “medir el pulso” de la población sobre su proyecto de reforma electoral, el cual finalmente tuvo que ser modificado y no quedó como la mandataria lo planteó originalmente.
Dichas erogaciones de recursos se hicieron a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), liderada por José Merino, un funcionario muy allegado a Sheinbaum desde su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con información recabada por Latinus, la ATDT otorgó por adjudicación directa, es decir, sin licitación, siete contratos a empresas encuestadoras, por montos que van desde 85 mil hasta 1.8 millones de pesos para la elaboración de sondeos en vivienda para conocer la opinión de la gente sobre la propuesta de reforma electoral que se impulsaba desde el sexenio de López Obrador, cuyos puntos centrales eran la eliminación de los plurinominales y la desaparición de los OPLES, o sea, los órganos electorales estatales. El argumento era ahorrar recursos.
Las empresas beneficiarias de estos contratos fueron Enkoll; Demotecnia 2.0.; Mendoza Blanco & Asociados; Covarrubias y Asociados y Buendía & Laredo. También se les dieron contratos para este propósito a las personas físicas Luis Enrique Nieto Barajas y Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela.
Los contratos se suscribieron cuatro meses después de que se anunciara la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez; dicha encomienda se le dio en agosto de 2025, tras su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A partir de entonces se dedicó a realizar foros con legisladores, en los que, en teoría, recogerían propuestas de los interesados en este tema.
Cabe recordar que la propuesta original de Sheinbaum para la reforma electoral, enviada al Congreso en marzo pasado, fracasó tras enfrentar el rechazo del PVEM y el PT, partidos aliados de Morena, quienes votaron en contra del proyecto que planteaba la eliminación de plurinominales. Tras varias semanas de dimes y diretes, la presidenta envió el llamado Plan B, en los que tuvo que ceder a que no se incluyera el tema de los pluris, ni tampoco la celebración de la revocación del mandato en la elección de 2027, esto a fin de garantizar los votos de sus aliados.
arg
