En su debut como nueva Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, acusó que el gobierno de Estados Unidos violó la confidencialidad del gobernador con licencia, Rubén Rocha y los otros funcionarios contra quienes formuló señalamientos de tener nexos con el narcotráfico, al hacer público el documento donde además de imputarles diversos cargos, solicita órdenes de extradición.
Según la funcionaria, la legislación mexicana e incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos, se establece que las peticione de extradición debieron ser enviadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de manera confidencial, para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia de los señalados. Se quejó de que en este caso se incurrió en un “linchamiento mediático” contra Rocha Moya y el resto de los implicados.
“Los procesos de extradición deben ser entregados por la parte requirente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera confidencial. ¿Por qué? Porque se requiere preservar el debido proceso y la presunción de inocencia; de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas. Esto está establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8…En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”, alegó.
Alcalde Luján negó que exista una “urgencia” por parte de Estados Unidos para dar curso a su solicitud para la detención provisional con fines de extradición Rubén Rocha y los otros nueve funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y agregó que la Fiscalía General de la República (FGR), a petición de Relaciones Exteriores, “emitió opinión” en la que considera que EU no aportó “pruebas” para fundamentar su solicitud, pero eso no quiere decir que esta dependencia haya “prejuzgado” sobre la inocencia o no de los acusados.
“La Fiscalía General de la República emitió opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que la parte requirente no aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada”, manifestó.
Afirmó que lo procedente es que Relaciones Exteriores pida a Estados Unidos que aporte los elementos de prueba para sostener su acusación y corresponderá a un juez de control determinar si son válidos o no.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requirente que aporte esos elementos para poderlo presentar, entonces sí, ante un juez. ¿Quién lo va a determinar? El juez de control. No lo va a determinar la Fiscalía, no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo determinaría el juez si se mandaran estos elementos probatorios”, sentenció.
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