La senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, afirmó que el gobierno federal estaría incurriendo en una violación al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos al no proceder con la solicitud de detención del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y advirtió sobre posibles implicaciones en la relación bilateral en el contexto de la revisión del T-MEC.
“Están violando un tratado de extradición que nosotros tenemos firmado desde 1978”, señaló en entrevista con El Universal, donde también indicó que esta situación “pone en riesgo nuestra relación comercial, nuestra relación política, nuestra relación de vecindad”.
La legisladora sostuvo que la actuación del gobierno responde a decisiones políticas y cuestionó la falta de acciones contra las personas señaladas por autoridades estadounidenses. “¿Qué más urgencia hay que todos los días hay muertes en Sinaloa?”, expresó.
En el mismo sentido, el despacho internacional León Barrena Rodríguez & Partners (LBR) señaló que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores estarían obstaculizando el proceso de extradición al exigir requisitos adicionales a los establecidos en el tratado bilateral. De acuerdo con la firma, “están llevando a cabo actualmente un ejercicio transparente de obstrucción legal y violación del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos”, al condicionar las solicitudes a estándares probatorios que no corresponden a esta etapa del procedimiento. El despacho precisó que el Artículo 11 del tratado establece que para una detención provisional no se requiere evidencia formal de culpabilidad, sino la existencia de una acusación y el compromiso de presentar documentación en un plazo determinado. “Este obstáculo de ‘evidencia’ no es una necesidad legal, sino un cortafuegos político diseñado para ganar tiempo”, indicó.
Por su parte, el gobierno federal ha sostenido que los procesos deben apegarse al marco jurídico nacional y a los tratados internacionales, lo que implica revisar cada solicitud antes de autorizar detenciones o extradiciones, mientras que la Fiscalía ha señalado que la información relacionada con estos casos debe manejarse con confidencialidad conforme a los acuerdos bilaterales. En tanto, Rubén Rocha Moya ha rechazado las acusaciones en su contra y ha declarado que no ha recibido notificación formal, además de señalar que se trata de señalamientos sin sustento.
CEEA
