Durante los últimos meses, el gobierno morenista repitió que las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York eran pura propaganda.
Repetición continua: que no había pruebas. Que todo era un complot contra el gobierno de Morena.
Hoy, los expedientes en Estados Unidos muestran otra realidad: dos de los hombres más cercanos al gobernador Rubén Rocha Moya se entregaron voluntariamente a la justicia norteamericana.
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, decidieron hablar. No es algo que se pueda justificar porque no se está negociando cualquier cosa, se negocian nombres, cuentas, rutas, transferencias y estructuras de protección política.
El giro militar y financiero se conjunta y se le complica al propio gobierno que solo observa sin saber qué se le avecina y contra que deberán de enfrentarse.
La sola entrega de Mérida Sánchez abre una grieta inédita en el Ejército. No es cualquier perfil: es el mando castrense de mayor rango involucrado hasta ahora en las acusaciones contra todo el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Su testimonio puede arrastrar a otros nombres y romper el pacto de silencio que suele blindar a las Fuerzas Armadas.
En paralelo, Díaz Vega, el Secretario de Finanzas del Gobierno de Rocha Moya aparece señalado como operador financiero que habría entregado recursos a diferentes políticos de alto rango incluyendo a los hijos del presidente.
Si eso se confirma en una corte estadounidense, el escándalo dejará de ser local y se convertirá en un grave problema para el obradorismo.
¿Qué se espera? Que veamos un coro de traiciones preventivas según vayan cayendo los señalados en este primer capítulo. Cada uno de ellos buscará salvarse, aunque eso implique hundir al otro.
En la lógica de las cortes estadounidenses, el último en cooperar se va quedando sin descuentos. Mérida y Díaz Vega decidieron adelantarse. Hablar primero. “Cantar” antes que el resto.
En medio de todo esto, ha regresado la figura del periodista Ciro Gómez Leyva. Un comunicador de prestigio que durante años fue difamado por este gobierno y acusado de alarmista y golpista, hoy aparece validado por tribunales extranjeros.
Aún así, nadie en el oficialismo reconocerá que intentó destruir su credibilidad. Pero la memoria queda: en México, muchas veces la verdad periodística puede que se valide solo en Manhattan y esto es más que suficiente y honroso.
Mientras tanto el Departamento de Justicia instruyó a fiscalías federales a multiplicar investigaciones contra políticos mexicanos vinculados al narcotráfico y a explorar cargos de terrorismo. Washington dejó de tratar el tema como simple crimen organizado: lo observa como amenaza de seguridad nacional.
Y mientras tanto, aquí seguimos discutiendo si decir “narcogobierno” es ofensivo, pero hay frases de Gerardo Fernández Noroña que lo resumen: reprochó increíblemente a su gobierno por no haber impedido que los 10 acusados viajaran a Estados Unidos “a decir lo que saben”.
Cuando un “político” se preocupa más por silenciar a los suyos que por avergonzarse, lo que exhibe no es un problema de seguridad, sino un manual involuntario de complicidad política que declara con un total cinismo que sorprende.
