El gobierno mexicano reconoce que existen fichas rojas de la Interpol contra personajes de alto perfil, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. Sin embargo, la respuesta oficial es desconcertante: “no hay nada legal que nos obligue” a vigilarlos de manera especial.
La paradoja es evidente. Se admite que Rocha está en su casa en Sinaloa, se sabe dónde están algunos de los acusados, pero no se actúa. La Fiscalía abre investigaciones, pero el Ejecutivo se deslinda. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo las alertas internacionales se convierten en meros trámites sin consecuencias.
La falta de protocolos claros abre la puerta a la impunidad. Las fichas rojas deberían ser un mecanismo de coordinación inmediata con organismos internacionales, no un asunto sujeto a la discrecionalidad política.
La ausencia de vigilancia efectiva transmite la idea de que, aun con acusaciones graves, los acusados pueden seguir libres y sin control.
Este vacío institucional golpea directamente la confianza ciudadana. Si el Estado mexicano no asume responsabilidad frente a las fichas rojas, ¿qué mensaje se envía a la sociedad? Que la justicia depende más de tecnicismos legales que de la voluntad de proteger a la gente.
La solución no es complicada: establecer reglas claras que obliguen a actuar en estos casos, garantizar transparencia sobre el paradero de los acusados y cerrar la puerta a fugas que solo profundizan la percepción de impunidad.
La ciudadanía merece un Estado que no se esconda detrás de frases como “no estamos obligados”, sino que asuma su deber de garantizar justicia y seguridad. No hay de otra!
