¿Realmente la soberanía de México está en juego o simplemente es una gran cortina de humo de la 4T para conservar el poder absoluto? Porque la narrativa soberanista de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum cada vez parece menos una defensa del país y sí una estrategia para justificar impunidad, polarizar al electorado y blindarse frente a una eventual derrota.
La defensa soberana que promueve Morena tiene dos objetivos evidentes. El primero: utilizarla como escudo para proteger a funcionarios, políticos y aliados señalados o bajo investigación de autoridades extranjeras por presuntos vínculos con el crimen organizado. El segundo: construir un argumento jurídico y político para desacreditar o incluso anular elecciones bajo el pretexto de una supuesta “intervención extranjera” cuando el resultado no les favorezca.
El escudo de la soberanía
La maniobra quedó exhibida en el reciente periodo extraordinario del Congreso. Sheinbaum y Morena habían asegurado que únicamente discutirían el aplazamiento de la elección judicial. Sin embargo, aprovecharon para imponer un blindaje político rumbo a 2027: aprobar causales ambiguas para cancelar elecciones por presunta intervención extranjera y abrir la puerta para que magistrados afines permanezcan en sus cargos hasta 2034.
Todo ocurre cuando las encuestas comienzan a reflejar una caída en la percepción de confianza hacia el gobierno de Sheinbaum y una disminución en el respaldo a Morena. Frente a estas circunstancias, la presidenta transformó su discurso en una convocatoria ideológica para “defender la soberanía nacional”.
En las conferencias matutinas y giras se repite la misma narrativa: “México no es colonia de nadie”. Se habla de campañas de desinformación y de ofensivas mediáticas extranjeras. Sin embargo, detrás del discurso patriótico se esconde una estrategia electoral mucho más calculada: fabricar enemigos externos para justificar sus errores, esconder la falta de resultados y mantener cohesionada a la base política del obradorismo.
Conflictos convertidos en propaganda
Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la política exterior mexicana dejó de ser una herramienta diplomática para convertirse en instrumento ideológico que se basa en la construcción de conflictos internacionales que alimentan la narrativa del nacionalismo agredido.
Ejemplo, el caso de Ecuador. Cuando fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y presuntos vínculos criminales, el gobierno mexicano convirtió el conflicto diplomático en bandera política. Si bien, la acción ecuatoriana violó tratados internacionales, también exhibió la irresponsabilidad de quien otorga asilo como protección política para personajes cuestionados.
Con Perú ocurrió algo similar. Tras la caída de Pedro Castillo, López Obrador calificó de ilegítimo al gobierno de Dina Boluarte y convirtió a México en actor político de asuntos de otra nación. La respuesta peruana fue romper relaciones diplomáticas y acusar la intromisión.
También Estados Unidos y Canadá fueron blanco de esta narrativa. Cuando los embajadores Ken Salazar y Graeme Clark advirtieron sobre los riesgos de la reforma judicial para la democracia y el T-MEC, López Obrador respondió acusándolos de intervencionismo y decretando una supuesta “pausa diplomática”.
Con España. AMLO acusó a empresas españolas de “saquear” al país y exigió disculpas por la Conquista. En la misma línea, Sheinbaum excluyó al rey Felipe VI de su toma de protesta, generando un choque diplomático innecesario. Paradójicamente, ahora el oficialismo presume como triunfo político la futura visita del monarca español durante el Mundial de Futbol.
Y la lista continúa: Bolivia, Panamá y nuevamente Estados Unidos. En todos los casos, Morena explota políticamente los conflictos internacionales para alimentar la idea de que México vive permanentemente bajo amenaza extranjera.
El objetivo: controlar las elecciones
Pero esta vez el choque con Washington tiene un trasfondo mucho más delicado. Las acusaciones en Estados Unidos contra personajes del gobierno morenista de Sinaloa, por presuntos vínculos con el crimen organizado, encienden las alarmas sobre la relación entre política y narcotráfico en México.
La reacción del gobierno mexicano ha sido defensiva, agresiva y profundamente opaca. En lugar de transparentar investigaciones, fortalecer la cooperación institucional y cumplir con acuerdos binacionales en seguridad, el oficialismo niega, protege y se refugia en el discurso de la soberanía.
Una soberanía que dejó de ser principio de Estado para convertirse en una herramienta electoral que Morena utiliza para desacreditar cualquier crítica externa, justificar la protección de sus aliados y eventualmente, con las recientes reformas, anular elecciones que no les favorezcan.
¿Hasta dónde llegará esta estrategia y qué papel jugará Donald Trump en la relación bilateral? Durante su primer mandato coincidió con López Obrador en una dinámica funcional para ambos: confrontaciones mediáticas y acuerdos prácticos. México aceptó militarizar la frontera sur y contener migrantes mientras Trump mantuvo vivo el discurso que fortalece a su base electoral.
Hoy el riesgo es mayor. Ambos gobiernos parecen beneficiarse de una confrontación con alto costo para México, atrapado entre el populismo, la erosión institucional y el debilitamiento democrático.
La supuesta defensa de la soberanía de la 4T no construye un país más fuerte ni instituciones más sólidas, por el contrario, construye un sistema donde el poder puede decidir qué vale, qué crítica se desacredita y qué elección puede anularse.
X: @diaz_manuel
