La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal, vuelve a colocar sobre la mesa un tema ya conocido en México: ¿la justicia se aplica de manera pareja o de forma selectiva según la conveniencia política?
Las investigaciones que tienen a Ruffo tras las rejas surgieron desde hace meses en diversas publicaciones periodísticas que señalaban que la Fiscalía General de la República seguía una indagatoria relacionada con una red de huachicol fiscal. Incluso el propio Ruffo reconoció ser accionista de la empresa Ingemar, señalada en las investigaciones y sostuvo que la responsabilidad recaía en las aduanas.
Sin embargo, si su empresa promovía el despacho aduanero, como accionista, debe analizarse su posible corresponsabilidad en la operación conforme lo señala la Ley Aduanera en sus artículos 54,52,162 y 163z.
La obligación de investigar
Si en su caso existe responsabilidad penal, ésta deberá acreditarse con pruebas. No bastan señalamientos ni versiones periodísticas. Se requieren operaciones específicas, documentos aduanales, trazabilidad financiera, identificación de beneficiarios y evidencia suficiente para demostrar los delitos que se le imputan.
La justicia no debe construirse sobre insinuaciones ni intereses políticos o mediáticos. Nadie debe estar por encima de la ley. El problema no es que se investigue a Ruffo; el problema es que parece que la ley sólo alcanza a unos cuantos.
La justicia selectiva
Los delitos que hoy se imputan al exgobernador son prácticamente los mismos que aparecen en investigaciones periodísticas y expedientes abiertos en Estados Unidos contra diversos personajes de Morena.
Ahí están la exgobernadora Marina del Pilar Ávila y su esposo; el senador Adán Augusto López; el secretario de Educación, Mario Delgado, así como los gobernadores Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo, entre otros señalados por presuntos vínculos con redes de huachicol, lavado de dinero o delincuencia organizada.
Sin embargo, ninguno enfrenta acciones similares por parte de la justicia mexicana.
Como señaló en sus redes sociales el expresidente Felipe Calderón: “independientemente de lo que se deslinde en el caso de @RuffoAppel, se demuestra una justicia discriminatoria, selectiva. Tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen. Como Porfirio Díaz: a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas”.
La justicia es selectiva cuando investigaciones y señalamientos contra funcionarios de la 4T se convierten en expedientes pendientes o sin consecuencias.
Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum insiste reiteradamente en que no existen elementos de prueba ni denuncias para proceder y la Fiscalía General de la República sostiene la misma postura.
La diferencia es más que evidente. A Ernesto Ruffo lo detienen por una investigación desarrollada en México, mientras personajes de Morena que figuran en investigaciones nacionales e internacionales permanecen bajo un manto de “justicia y gracia” (impunidad).
La pregunta resulta inevitable: ¿por qué la justicia actúa con rapidez en unos casos y en otros, guarda silencio absoluto?
La credibilidad
Llama la atención que el caso Ruffo cobre fuerza justamente cuando el gobierno mexicano enfrenta una presión inédita de Estados Unidos.
En los últimos días se acumularon varios hechos: los audios atribuidos a Marina del Pilar Ávila; la confirmación de la extradición del piloto relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada; las declaraciones de familiares del exsecretario de Marina sobre presuntas redes de protección y los constantes pronunciamientos de funcionarios estadounidenses sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras políticas mexicanas.
Desde Washington, el director de la CIA advirtió sobre esa infiltración. Marco Rubio ha insistido en combatir las redes de complicidad entre funcionarios y organizaciones criminales y Donald Trump sostiene que los cárteles ejercen un creciente control territorial y político en México.
En ese contexto, la detención de un exgobernador de oposición alimenta inevitablemente la percepción de que el gobierno intenta construir una narrativa donde el gran escándalo del huachicol pertenece al pasado del PRIAN y no al presente de Morena.
La investigación que dio lugar a la detención del exgobernador data de 2025, mientras que la denuncia presentada por Francisco García Cabeza de Vaca que involucra a importantes morenistas en una presunta red de huachicol fiscal ha visto pasar los años sin que nada pase y los personajes que se mencionan son protegidos, incluso la etiqueta de la soberanía nacional.
Otra interpretación es que sea un intento de desviar la atención de las investigaciones internacionales que rodean a figuras de la 4T. De cualquier forma, lo cierto es que la justicia pierde legitimidad cuando deja de aplicarse con el mismo criterio para todos.
El Estado de derecho no consiste únicamente en castigar a quien corresponde, sino en demostrar que la ley no distingue entre amigos y adversarios.
Y si no ocurre así, la justicia deja de ser justicia para convertirse en un instrumento del poder.
X: @diaz Manuel
