En México, el desarrollo económico suele acompañarse de un falso dilema: crecimiento o medio ambiente. Se prometen inversiones, empleos, derrama económica y modernidad mientras la destrucción del entorno natural queda relegada a un costo “inevitable”.
Lo vimos con el Tren Maya, que fue presentado como la gran apuesta para transformar el sureste del país, pero que también dejó una profunda afectación sobre la selva yucateca y diversos ecosistemas de enorme valor ambiental.
La polémica se traslada ahora a Chuburná, Yucatán.
El megaproyecto inmobiliario Las Dunas, impulsado por Designia Desarrollos y Auralux Representaciones, empresas vinculadas comercialmente con la familia Chapur, contempla la construcción de un complejo turístico de 14 torres, más de 138 departamentos de lujo, 32 locales comerciales, albercas, estacionamientos, canchas deportivas, cine y diversas amenidades, con departamentos cuyo precio supera los 8.5 millones de pesos. Todo ello frente a una de las zonas costeras más frágiles del estado.
Lo que comenzó como la promoción de un exclusivo desarrollo con “acceso privado a tu playa” rápidamente despertó la preocupación de habitantes, ambientalistas y especialistas. No es para menos.
Las dunas costeras no son montículos de arena sin utilidad. Funcionan como barreras naturales contra huracanes, reducen la erosión, recargan los acuíferos, regulan el ciclo del agua y sirven como hábitat de cientos de especies, incluidos sitios de anidación de tortugas marinas protegidas.
Destruirlas significa perder una protección que la naturaleza tardó siglos en construir.
Permisos, plusvalía y preguntas sin responder
Llama la atención que apenas en 2023 una parte importante de las dunas de Chuburná fue adquirida por una inmobiliaria. Ese mismo año el terreno pasó de un valor catastral cercano a 9.6 millones de pesos a más de 163 millones, un incremento de casi dieciocho veces. También en 2023 el gobierno de Yucatán otorgó la Factibilidad Urbana Ambiental para el desarrollo mediante el expediente FUA-186-2023.
La velocidad con la que aumentó el valor del terreno y avanzaron las autorizaciones merece, cuando menos, una explicación pública.
El desarrollo obtuvo además autorizaciones de los tres niveles de gobierno.
La Semarnat aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental; el gobierno de Yucatán otorgó la Factibilidad Urbana Ambiental y la Secretaría de Economía, encabezada por Ermilo Barrera Novelo, respaldó el proyecto. A nivel municipal, el Ayuntamiento de Progreso expidió las licencias de construcción bajo la administración del exalcalde Julián Zacarías Curi y el alcalde Erick Rihani confirmó públicamente que el desarrollo cumplía con los requisitos legales.
Entonces, si todo estaba en regla, ¿por qué la Profepa terminó colocando sellos de clausura?
La autoridad ambiental investiga si existió remoción ilegal de arena, afectación al matorral costero y trabajos fuera de las áreas autorizadas. Es decir, el propio gobierno federal hoy revisa un proyecto que previamente había autorizado.
La Manifestación de Impacto Ambiental también deja abiertas preguntas que preocupan.
Aunque el documento afirma que aproximadamente la mitad del predio permanecerá sin intervenir, el desarrollo colinda con el Área Natural Protegida de las Ciénagas y con un ecosistema particularmente delicado.
¿Cómo garantizarán que las aguas residuales, la basura y los desechos generados por un complejo de esta magnitud no terminen contaminando manglares y humedales, cuando la zona carece de infraestructura de drenaje?
Es técnicamente posible diseñar soluciones adecuadas, pero hacerlo requiere inversiones importantes, supervisión permanente y un cumplimiento estricto de las normas ambientales.
Sin embargo, resulta difícil no cuestionar las prioridades cuando la propia Manifestación de Impacto Ambiental señala que durante la etapa de construcción se invertirán alrededor de 120 millones de pesos, mientras que únicamente 200 mil pesos se destinarán a medidas de mitigación ambiental.
La proporción habla por sí sola.
Además del impacto ecológico, existe otra preocupación pocas veces considerada: los desarrollos turísticos de lujo demandan enormes cantidades de agua potable y energía eléctrica, lo que históricamente ha provocado presión sobre los servicios públicos y desabasto para las comunidades vecinas.
No todo desarrollo representa automáticamente bienestar para quienes ya viven ahí.
Poder e influencia
Detrás del desarrollo aparece además un personaje que ha mantenido una relación cambiante con los gobiernos de la Cuarta Transformación: José “Pepe” Chapur, quien pasó de ser señalado públicamente por Andrés Manuel López Obrador durante el conflicto por el Tren Maya a convertirse, años después, en presidente del Patronato de la Beneficencia Pública de Yucatán por invitación del gobernador Joaquín Díaz Mena y posteriormente en integrante del Consejo Asesor Empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hasta la fecha, Chapur funge como enlace entre el gobierno federal y el sector hotelero del Caribe Mexicano. Se le ha visto en las conferencias presidenciales respaldando estrategias conjuntas, como el plan permanente de recolección de sargazo encabezado por la Secretaría de Marina.
Su cercanía con distintos niveles de gobierno hace todavía más indispensable que cualquier investigación ambiental se conduzca con absoluta transparencia y sin privilegios para nadie.
El patrimonio que no puede recuperarse
No estoy en contra del desarrollo inmobiliario ni de la inversión turística. El turismo representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto nacional y genera millones de empleos.
Pero precisamente por ello debe crecer con inteligencia y responsabilidad.
El desarrollo del siglo XXI ya no puede construirse con la lógica del siglo pasado, donde cualquier ecosistema era visto como un obstáculo para el crecimiento económico.
Menos cuando la mayor riqueza de muchos destinos turísticos es precisamente aquello que algunos desarrolladores parecen considerar un estorbo: su patrimonio natural.
Las dunas, los manglares, los arrecifes y la vegetación costera son el verdadero capital que sostiene la actividad turística y protege a las comunidades frente a huracanes y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.
Por ello resulta indispensable que las autoridades transparenten cada autorización otorgada, expliquen las condiciones bajo las cuales fue aprobado el proyecto y hagan cumplir la ley con el mismo rigor para todos.
Porque una torre puede volver a construirse. Una duna que desaparece tarda siglos en regresar.
Las dunas no estorban.
X: @diaz_manuel
