El 82.2 por ciento de los mexicanos rechazan, por ser censura, las propuestas contenidas en los llamados Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, informó Mexicanos Contra la Corrupción.
Este dato se obtuvo a partir del anaĺisis de más de 8 mil comentarios registrados en la consulta pública realizada en el sitio web de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
El organismo se dio a la tarea de capturar, procesar y analizar las posturas externadas en 8 mil 889 comentarios, cifra al corte del pasado 20 de agosto.
En un reporte firmado por Amparo Casar y Leonardo Núñez, se establece que apenas el 9.7 por ciento manifestó una postura a favor de los lineamientos, que según ha defendido el gobierno, buscan “defender” a las audiencias de las “noticias falsas” que difunden muchos medios.
En su sitio web, la CRT sometió a consulta pública dicho anteproyecto, el cual, como se recordará, recibió el rechazo tajante de diversos sectores.
El análisis de los miles de comentarios permitió distinguir temáticas reiteradas: la crítica al paternalismo del gobierno por pretender erigirse en guardián de lo que las audiencias pueden ver; el intento de censura, disfrazado de defensa de la libertad de expresión; la imposición de multas desproporcionadas; el que el gobierno se exenta a sí mismo de dicha vigilancia, entre otras.
MCCI señaló que el sitio web no provee elementos para saber cuál fue la opinión mayoritaria. “Al navegar el sitio es imposible saber cuál fue la opinión mayoritaria. No hay buscador, ni filtros, ni ninguna forma de agregarlos”, por lo que procedieron a capturar uno por uno cada comentario y a analizarlos por medio de herramientas de Inteligencia Artificial bajo supervisión humana.
La sistematización de la información concluyó de forma contundente que 82.2% de los participantes estuvieron en contra, 9.7% a favor, 6.1% con posiciones matizadas y 2% que no fijó postura.
“El resultado no admite matices: 82.2% de los comentarios fueron en contra y apenas 9.7% a favor. Un 6.1% ofreció una posición matizada y 2% no tomó postura”.

El rechazo a la medida se concentró principalmente en el temor a la restricción de la libertad de expresión. Dos de cada tres participantes (66%) señalaron que la propuesta constituye una forma de control: “Solo veo una clara intención de creación de una herramienta de censura”, citó MCCI de una de las participaciones, mientras que otro usuario advirtió que “Es censura disfrazada”.
Asimismo, una tercera parte de las opiniones (34.2%) rechazó la intervención estatal bajo la premisa de la autonomía individual de los oyentes y televidentes. Un participante sintetizó este sentir argumentando: “Tenemos el derecho de decidir nosotros mismos”, mientras que el 24.6% de los comentarios cuestionó por qué el Estado debe arrogarse la facultad de determinar qué es la verdad.
El informe de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad expone además que el 14.8% de las participaciones criticó la falta de autonomía de la CRT frente al gobierno, señalando que la autoridad actúa como juez y parte. Por otro lado, un 11.5% recriminó que las exigencias recaigan en los concesionarios y no en los canales oficiales, repitiendo en 1,026 comentarios la consigna: “El gobierno miente y nadie lo evalúa”.

En el marco de la consulta se registraron 271 participaciones que adjuntaron documentos que sumaron 2,523 páginas, entre las que destacan 48 pronunciamientos firmados por universidades, cámaras industriales, medios de comunicación y organizaciones civiles. Entre las propuestas entregadas, MCCI destacó el documento presentado por Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C., el cual incluye una propuesta de articulado alternativo para evitar mecanismos de control estatal.
Finalmente, la investigación de MCCI enfatiza que está por verse si las autoridades integrarán las opiniones y propuestas entregadas por los participantes. De lo contrario, advierte la organización, quedará en evidencia que el actual gobierno omite el diálogo y la negociación en la construcción de las políticas públicas.
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