Carlos Ulloa, actual director general de Birmex, compró de contado dos departamentos entre 2020 y 2023 por un valor conjunto de 22.4 millones de pesos, de acuerdo con información difundida por el diario El Universal.
El funcionario, quien anteriormente se desempeñó como secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalina, reportó ambas operaciones en sus declaraciones patrimoniales.
El 24 de febrero de 2020 Ulloa adquirió de contado un departamento de 123 metros cuadrados por 7 millones 450 mil pesos. Tres años después, el 11 de diciembre de 2023, ya como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, compró nuevamente de contado otro departamento, esta vez por 15 millones de pesos. En conjunto, ambas adquisiciones representan un desembolso de 22 millones 450 mil pesos.
El monto de la segunda operación contrasta con los ingresos que el propio funcionario reportó durante esos años, pues para cubrir los 15 millones de pesos del segundo departamento en un periodo de tres años, Ulloa habría necesitado disponer de ingresos superiores a 400 mil pesos mensuales.
Sin embargo, el salario más alto correspondiente a los cargos que ocupó durante ese periodo habría sido de alrededor de 100 mil pesos mensuales netos.
Las declaraciones patrimoniales de Ulloa también registran otros bienes y operaciones. El funcionario informó que el 17 de marzo de 2018 compró de contado muebles y accesorios para casa por 1.5 millones de pesos. Asimismo, señaló que el 12 de mayo de 2019 recibió como herencia “joyas de alto valor”, con un valor declarado de un millón de pesos, aunque no especificó quién se las heredó.
Ulloa también declaró contar con dos tarjetas de crédito, una de las cuales mantenía un adeudo de apenas 13 mil 51 pesos.
En reacción, diputados federales del PAN demandaron una investigación sobre el patrimonio de Ulloa. Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sostuvo que por la responsabilidad que tiene el funcionario al frente de Birmex resulta necesaria la intervención de autoridades fiscales y de fiscalización.
“Mientras millones de familias se enfrentan a recetas incompletas, tratamientos interrumpidos, y gastos de bolsillo, cualquier señal de opacidad o de fallas en las compras públicas mina la confianza ciudadana, como ha ocurrido con Birmex”, señaló en declaraciones recogidas por el diario.
Planteó que la información debe traducirse en una investigación formal y exigió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Lo publicado hoy en El Universal debe traducirse en controles concretos, como la investigación patrimonial y administrativa, independiente con debido proceso, publicación de resultados y, de acreditarse irregularidades en la institución, dar sanciones efectivas”, afirmó. También demandó mayor transparencia sobre el abasto de medicamentos y propuso un tablero nacional actualizado que permita conocer los productos recibidos, distribuidos y efectivamente entregados a los pacientes.
Por su parte, el diputado panista Ernesto Sánchez, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, anunció que llevará el caso ante ese órgano legislativo y cuestionó que los ingresos de Ulloa permitan explicar las adquisiciones reportadas.
“Lo que revela esta investigación no es la conducta de un solo funcionario, es la forma de operar de todo un clan en el poder: llegaron prometiendo austeridad y hoy acumulan departamentos de contado, viajes por medio mundo y patrimonios que ningún sueldo público alcanza a explicar. No hacen falta acusaciones, basta con hacer la aritmética”, afirmó.
Agregó que “es el mismo clan del oficialismo que le dice a los niños con cáncer y a los enfermos crónicos que ‘no hay presupuesto’, mientras los encargados de que las medicinas lleguen a los hospitales viven como millonarios.
Aseguró que buscará que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción avale un punto de acuerdo para solicitar investigaciones de la UIF y de la Fiscalía General de la República.
Finalmente, sostuvo que las autoridades deben determinar si existe alguna irregularidad en el origen de los recursos utilizados para adquirir los departamentos.
“Desde el Congreso vamos a exigir que la Secretaría Anticorrupción, la UIF y las fiscalías investiguen a fondo el presunto enriquecimiento inexplicable, sin protegidos y sin excepciones”.
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