Es inevitable el protagonismo de los medios de comunicación en las democracias modernas y ello implica que, como empresas que también son, promuevan sus intereses económicos y sus definiciones políticas en la esfera pública. Nada más natural que ello, el problema es que la falta de transparencia de los medios impide que las audiencias sepan con claridad cuáles son esos intereses y cómo definen sus contenidos noticiosos.
Dentro de esa dinámica en que los medios como poderes fácticos son actores políticos hay una vertiente cada vez relevante: su configuración como tribunal para decidir la culpabilidad o la inocencia de algún personaje público que, por las razones que sea y una de esas razones es debido a la intensa disputa política, se halla en el ojo del huracán por alguna presunta, el término siempre es invariable, “presunta”, transgresión ética o legal. Sin duda, es natural que las empresas mediáticas tengan una postura al respecto o participen motivadas por lo que sea, el problema es cuando esa participación implican sesgos y distorsiones informativas e incluso violaciones a la norma, que es lo que pasa por ejemplo cuando los medios propalan conversaciones telefónicas grabadas también ilegalmente; en las más recientes semanas todo esto ha sucedido a propósito de la disputa entre las empresas OHL e Infraiber, en la que los llamados “medios críticos” han promovido la postura de una de las partes, Infraiber, aún en desdoro de la veracidad de la información.
A ese tema y a otros que le dieron intensidad al mes de enero en la circunstancia mexicana, se dedica la edición más reciente de esta revista etcétera que desde este jueves la podrá encontrar en las principales librerías del país.
