No se supo porque fue un encuentro privado. No se dio a conocer ni se anunció en conferencia de prensa pero fue muy tensa, al borde del rompimiento, la más reciente reunión de trabajo entre las tres dependencias del gobierno federal mexicano que se encargan del caso Ayotzinapa y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizan una investigación paralela.
Las dos partes se juntan con cierta regularidad para dar seguimiento a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
En la de esta semana, del lado del gobierno federal mexicano asistieron Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación; Éber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; y Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. Del lado de los expertos internacionales figuran el español Carlos Martín Beristáin, el chileno Francisco Cox, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, y los colombianos Alejandro Valencia y Ángela María Buitrago.
En dicha reunión, el diálogo estuvo a punto de reventar, al grado que los expertos amagaron con levantarse de la mesa, lo que podría implicar su salida anticipada del país (el gobierno mexicano les ha ampliado pago y solicitud para quedarse hasta abril) y el consecuente escándalo nacional e internacional.
