Las acusaciones lanzadas contra OHL México en los últimos meses son parte de una campaña de desprestigio que tiene como origen el chantaje y la extorsión, denunció el director de la empresa, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien aseguró que los responsables ya están identificados y denunciados ante las autoridades.
El ejecutivo dio a conocer que este año la empresa española tiene planes de invertir alrededor de 15 mil millones de pesos en diversos proyectos de infraestructura en el país, entre ellos el Viaducto, La Raza-Indios Verdes-Santa Clara y la construcción de la autopista Tepic-San Blas, una vía corta para Guadalajara.
La compañía ha estado en el centro de varios escándalos mediáticos a raíz de la filtración de llamadas telefónicas que han sido utilizadas para generar la percepción de que sus contratos han sido obtenidos ilegalmente o mediante esquemas de corrupción.
A ese respecto, Hidalgo Monroy Portillo responsabilizó a la empresa Tecnología Aplicada Infraiber S.A. de C.V., cuyo propietario es el empresario Pedro Topete Vargas, de estar detrás de una serie de señalamientos mediáticos y denuncias presentadas ante autoridades diversas, “todas falsas y todas con el fin de desacreditar a OHL”.
Sin mencionar por su nombre al empresario guanajuatense ni a su abogado, Paulo Diez, el director de la filial mexicana del consorcio español dijo que el problema se originó en 2012 cuando el Gobierno del Estado de México decidió instalar un Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio, conocido como el SIVA, en todas las autopistas de cuota del Edomex, entre las que se encuentra el Circuito Exterior Mexiquense.
El gobierno instruyó a OHL a que se cobrara por cuenta y orden del Estado, 50 centavos por cruce vehicular, a fin de sufragar con esos recursos los gastos para la instalación y operación del SIVA por parte Infraiber, empresa que tres meses después de su constitución formal, recibió el contrato por el que habría obtenido recursos del orden de los 4 mil millones de pesos.
Los recursos se fueron captando anualmente hasta el momento que el gobierno mexiquense decidió cancelar el contrato de Infraiber. “Como respuesta a la decisión del gobierno, y a pesar de que OHL no tiene ni ha tenido relación contractual alguna con Infraiber, ésta promovió una serie de juicios contra el gobierno estatal, donde OHL México se ha visto involucrada como tercera perjudicada. Es importante señalar que 9 de esos juicios han sido desechados ya por improcedentes”, planteó.
La extorsión
Sergio Hidalgo expuso que a principios del 2015, Infraiber pidió verbalmente a OHL que interviniera con las autoridades mexiquenses para que se reinstale el SIVA en la autopista, “con la advertencia de que si no lo hacíamos, ellos presionarían”.
Incluso, agregó, representantes de Infraiber hablaron a las oficinas de OHL en Madrid para insistir a sus funcionarios que si no se arreglaba el asunto del SIVA “se crearía un gran escándalo para perjudicar a la empresa”.
Todo esto quedó asentado en una denuncia penal por extorsión que el 10 de septiembre del año pasado OHL México interpuso ante la PGR. “Lo que vino después de la negativa de OHL a caer en el chantaje de Infraiber a principios de 2015, es conocido por todos”, expuso.
El directivo de OHL, que estuvo acompañado del abogado Juan Velázquez, dio a conocer que además de cuatro denuncias por grabación ilegal de llamadas telefónicas, se presentó una demanda civil por daño moral, que obliga a Infraiber y a sus representantes, a demostrar en tribunales 36 imputaciones que ha incluido en su campaña y que afirmó, son falsas.
Si bien evitó confirmar los nombres, destacó que los responsables de la campaña de desprestigio y los autores de las grabaciones ilegales ya están identificados ante las autoridades correspondientes, y ellos han tratado de ampararse, pero este recurso legal les fue negado y está a revisión.
