Este jueves, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió al Senado dos iniciativas de ley: la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, Peña Nieto expuso que las iniciativas “son producto de un amplio proceso de consulta en el que participaron legisladores, autoridades, académicos, especialista, organizaciones de la sociedad civil, representantes de víctimas y ciudadanía en general”.
Respecto a la ley de desaparición de personas, la iniciativa contempla la creación del Sistema Nacional de Búsqueda que permita la rápida movilización y coordinación de las autoridades ante un reporte de desaparición.
Asimismo, se creará un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Registro Nacional Forense y un Consejo Nacional Ciudadano. El primero se creará con datos de hospitales y centros de detención; el segundo pretende facilitar la localización de personas, y el consejo estará conformado por familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y especialistas.
Sobre estos últimos puntos, cabe señalar que el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, ya había advertido que era imposible conocer el número exacto de personas desaparecidas, debido a que no existían criterios de selección ni una base de datos nacional.
Con relación a la Ley General contra la Tortura, en ésta se contempla la creación de tres dependencias enfocadas en investigar este delito: unidades especializadas de investigación (federal y estatales el Mecanismo Nacional de Prevención, que estará conformado por la CNDH, y los ombudsman estatales, organizaciones internacionales, académicos y expertos; y el Registro Nacional de Tortura con datos de las procuradurías de todo el país.
En ambas iniciativas se plantea que los ilícitos que sancionan no serán prescritos y se seguirán de oficio. Además, se definirán las facultades y tareas de los tres órdenes de gobierno, a partir de un marco jurídico homologado para todo el país.
(Con información de El Universal)
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