Conasami, rebasada

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, después de análisis y reuniones con funcionarios del gobierno capitalino, volvió a hacer lo que hace cada año desde hace más de veinte: subir el salario mínimo con la expectativa inflacionaria, sin entender que la percepción mínima no sirve ni siquiera para comprar una canasta básica de alimentos. El salario mínimo no es comparable con los salarios contractuales. Representa el mínimo pago para sobrevivir y ni para eso alcanza.

DEL 86.33 YA NI HABLAMOS

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hasta salió con sus playeras de 86.33 pesos.

Buscó impulsar el aumento del salario mínimo de 70.10 pesos diarios a 86.33 pesos diarios, que es el dinero necesario para comprar una canasta básica de alimentos, según el Coneval, llegar a la llamada línea de bienestar mínimo.

Había un fuerte debate para elevar de golpe ese tipo de salarios en 16 pesos diarios. Se decía que algunos establecimientos, como restaurantes, gasolineras, empresas de limpieza o seguridad, tendrían trabajos para absorber de golpe un aumento de 16 pesos en los salarios de sus trabajadores. Quizá se pueda hacer en etapas.

Pero, desde luego, se esperaba un esfuerzo mayor para ir poniendo el salario mínimo en la línea de bienestar de canasta básica. En lugar de eso tuvimos lo de siempre: un aumento que va de 70.10 pesos diarios a sólo 73.04 pesos diarios. Nada.

Hablamos de 3.1 millones de trabajadores que viven con un salario mínimo al día, según el Inegi. Y en el mercado informal les pagan a alrededor de cuatro millones de trabajadores (insistimos, informales) lo equivalente a un salario mínimo. Esta fue la afectación.

CONFUSIÓN: MÍNIMO NO ES CONTRACTUAL

El aumento diario en el salario mínimo fue de 2.94 pesos. Pasa de 70.10 a 73.04 pesos diarios. Si el aumento lo vemos en porcentaje, suena un poco mejor, de 4.2%, y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) nos dice que es prácticamente el doble de la inflación. Ni siquiera ahí es cierto. La inflación este año terminará rondando 2.5% anual.

La Conasami no hizo un esfuerzo para cambiar su forma de pensar. Sigue siendo una institución que funciona como si estuviéramos en plan de estabilización, anclando el salario mínimo a la inflación. Señala que se debe tener un mínimo de productividad: cierto, pero eso funciona cuando el salario tiene el poder adquisitivo para comprar, por lo menos, una canasta básica de alimentos. Con este salario se simula que al trabajador le pagas una percepción formal, cuando lo único que haces es condenarlo a complementar el salario con propinas por aquí y por allá.

Quererlo ver como un salario contractual es un grave error, porque los salarios contractuales ya están por encima de la línea de la pobreza y, desde luego, deben aumentar por la vía de la productividad. Pero el salario mínimo es eso: un mínimo, por decreto, para lograr una percepción que te permita, al menos, adquirir alimentos.

NI LOS OIGO NI ESCUCHO: MANCERA Y PEÑA

El gobierno capitalino, liderado por Miguel Ángel Mancera, mantuvo un fuerte debate para desligar el salario mínimo de las multas, recargos, créditos que lo asociaban, y así permitir que estuviera bajo una lógica de política laboral.

Incluso, la Conasami terminó escuchando a funcionarios capitalinos, como Salomón Chertorivski y Amalia García, secretarios de Desarrollo Económico y Trabajo, respectivamente, del DF. De nada sirvió: la Conasami los invitó, pero no los tomó en cuenta.

Además, en el caso de la Conasami, muy apegada a la Secretaría del Trabajo del gobierno federal, tampoco tomó en cuenta la misma intención del gobierno federal de Peña Nieto, que también llevó adelante cambios legislativos para desligar el salario mínimo de multas y créditos, creando una Unidad de Medida y Actualización, UMA, para que dichas multas y créditos sigan actualizándose conforme la inflación, pero sin afectar los salarios mínimos.

Es más, el mismo secretario de Hacienda, Luis Videgaray, promovió la desindización del salario mínimo de todo este tipo de multas. La Conasami, presidida por Basilio González, así como la Secretaría del Trabajo, a cargo de Alfonso Navarrete Prida, quedaron rebasados para las nuevas necesidades de una economía que quiere ser más equitativa y tener un mercado interno mayor.