Al menos 194 pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia (INNN) fueron afectados tras recibir un tratamiento experimental para tratar la hidrocefalia que carecía de la autorización para emplearse en seres humanos, indica un informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México.
De acuerdo a la información a la que tuvo acceso El País, las personas afectadas acudieron al INNN para someterse a un tratamiento creado y patentado por el doctor Julio Sotelo Morales, quien en ese momento se encontraba al frente del instituto.
El procedimiento consistía en insertarle un tubo para drenar el exceso de fluido cerebral, conectando el cerebro a la zona peritoneal. Sin embargo, el aparato era únicamente un tubo que carecía de válvula que controlara la presión. Esto provocó que el dispositivo sólo funcionara estando de pie, pues si los pacientes se acostaban sentían que “la cabeza les iba a explotar”.
El tratamiento aplicado a casi 200 personas entre 2006 y 2009 carecía de las verificaciones de las autoridades sanitarias pues se encontraba en su fase experimental, situación que, según denuncian los pacientes, nunca les fue informada.
“La operación nos costó más de 300 mil pesos. Jamás nos dijeron que le iban a colocar un aparato experimental. Sólo firmamos unos documentos para que la intervinieran de urgencia. Dimos nuestro consentimiento, pero confiamos en los que supuestamente eran los mejores especialistas del país”, expuso Silvia Walkup, familiar de una de las afectadas a quien no se le pudo extraer el tubo y la válvula que le implantaron todavía le genera molestias.
Aunado a ello, la investigación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México (que forma parte del expediente adscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos) revela que las operaciones fueron realizadas por residentes quienes incluso se encargaron de ensamblar el dispositivo.
Esto quiere decir que el costo de la operación se reducía a 40 pesos (precio estimado de los materiales del tubo), pues los estudiantes no podían cobrar.
Los afectados exigen al INNN y a Sotelo Morales (quien se ha negado a dar un posicionamiento público al respecto) una remuneración por los daños causados, o por lo menos que se cubran los gastos que la mala operación les generó.
La demanda fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y ante la Procuraduría General de la República, e incluso se envió una carta a la Secretaría de Salud, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
mahy
