Con su proyecto de modificaciones legales para que en la Ciudad de México se permita el uso de la mariguana con fines medicinales, Miguel Mancera coloca otra vez a la capital en una urbe de Primer Mundo por la proyección moderna de sus leyes.
La impronta vanguardista del gobierno capitalino abre oportunidades para una regulación con beneficios determinantes, que se agrega a un conjunto de leyes adelantadas que fueron aprobadas en los últimos años y propiciaron un reconocimiento del entorno progresista internacional:
—La de interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación, que redujo a cero la cifra de abortos clandestinos.
—La que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, para garantizar el ejercicio máximo de las libertades y seguridad individuales; a las que se sumó también la posibilidad de que adopten.
—La que obliga a todos los habitantes de la capital a ser donadores de órganos al morir, salvo que en vida dejen expresa su negativa o un familiar lo rechace.
Pero la intención de avalar el consumo de mariguana con fines terapéuticos representa una vía alterna para romper con las disparidades de la actual política antidrogas, a partir de la cual México pone los muertos, los presos y la ruptura del tejido social, mientras Estados Unidos la legaliza.
Por ejemplo, de septiembre de 2006 a agosto de 2015, la lucha antidrogas provocó en México 151 mil 233 muertes, de acuerdo con la ONU, además de un gasto incuantificable en armamento, aeronaves, controles carreteros e inteligencia para impedir que la mariguana llegue a Estados Unidos.
Sin embargo, del otro lado de la frontera norte 34 entidades y Washington DC han promulgado (o analizan proyectos con ese fin) reglamentos para legalizar la posesión, uso, distribución y cultivo, o han creado leyes sobre su empleo médico y de placer.
La autorización del uso medicinal que acepta Mancera va en sentido de beneficiar a pacientes que sufren dolores que amargan su vida (cáncer, epilepsia, glaucoma y esclerosis múltiple) y contra los cuales está comprobada científicamente la efectividad de los canabinoides.
De hecho, en eso consistió la lucha (afortunadamente ganada) de los padres de la niña Graciela Elizalde, para lograr la importación de un medicamento elaborado con base en mariguana, con el que redujeron los 450 ataques epilépticos diarios que sufría su hija, por el síndrome de Lennox Gastaut.
Así que por ahí va la idea del Jefe de Gobierno: que basta con modificar un solo artículo de la Ley General de Salud y, en términos administrativos, conseguir un poco más de control de parte de la Cofepris. Miguel Mancera es explícito:
“Es por los niños y por las niñas”, argumenta.
Y sí: tiene sentido.
Este artículo fue publicado en La Razón el 13 de Noviembre de 2015, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página
