Fue hace poco más de un año. Pedro Tamayo Rosas fue atacado a tiros a las puertas de su casa, en Tierra Blanca, Veracruz. Su esposa y sus dos hijos lo vieron morir.
Era editor de La Voz de Tierra Blanca. En junio de 2014 se había dedicado a investigar el hallazgo de varias fosas clandestinas en las que se exhumaron los restos de 35 personas, presuntamente ejecutadas por Los Zetas.
Su trabajo periodístico desató una serie de amenazas que lo obligaron a desplazarse ante el temor de que su vida estuviera en riesgo. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz le otorgó diversas medidas cautelares.
Tamayo Rosas fue “reubicado” en otro estado y sometido a vigilancia policiaca.
Un colega suyo relató más tarde que el periodista creyó que todo habría de normalizarse cuando se hicieran públicas las amenazas. Le dijo que esto “iba a bajar sin duda la tensión”. Unos meses más tarde decidió volver a Tierra Blanca.
La vigilancia policiaca se limitó entonces a la realización de rondines frente a su casa y a un monitoreo por vía telefónica.
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