El 6 de diciembre de 1977 —hace 40 años— se promulgó una reforma política y electoral que da inicio a la llamada transición mexicana a la democracia. La reforma —conocida como la reforma Reyes Heroles, porque fue obra del entonces secretario de Gobernación de nombre Jesús— detonó una secuencia de cambios legislativos que de forma gradual sentaron las bases de un andamiaje electoral que entre ese año y 1996 dieron al país un sistema robusto para organizar elecciones con legalidad y transparencia. Las últimas dos reformas electorales, las del 2007 y del 2014, perdieron rumbo y sentido, y han deteriorado la confianza en el sistema electoral y estimulado el litigio entre partidos sin atacar problemas de fondo. Este ensayo reflexiona sobre 40 años de reformas electorales —señalando avances y retrocesos— y propone vías para mejorar el sistema electoral.
El reformismo electoral mexicano
México experimentó 11 reformas electorales entre 1977 y 2014. Ocho fueron de amplio alcance e implicaron cambios constitucionales y legales: 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mientras que tres fueron focalizadas a aspectos puntuales y requirieron sólo modificaciones legales: la del 2002 para establecer cuotas de género en candidaturas legislativas, la del 2003 para elevar los requisitos para formar partidos políticos y la del 2005 para regular el voto de los mexicanos en el extranjero.
El reformismo electoral mexicano es reflejo de un proceso de cambio político que buscó pluralismo como la meta principal y encontró en las reformas electorales la vía para conseguir su cometido. La obsesión por el pluralismo es consecuencia de la hegemonía política de un partido oficial durante buena parte del siglo xx y de la exclusión que padecieron grupos políticos, activistas sociales y segmentos de la población. Por eso buena parte del debate público respecto a la democracia mexicana de fines del siglo xx es de acceso, no de legalidad ni de equilibrio de poderes, que son demandas que surgieron posteriormente. Por ello, la mexicana es una transición votada, según una expresión de Mauricio Merino, eso es, un proceso de democratización que se centró alrededor de las reglas electorales para alcanzar la alternancia y el pluralismo (Merino 2003, pp. 7-9). La llamada transición mexicana ha sido una suerte de ensayos de prueba y error en la que los partidos han ido ajustando las reglas del juego según el contexto político, según su conveniencia y según los resultados.
Además del pluralismo, el reformismo electoral mexicano ha buscado otros objetivos que han ido cambiando a lo largo del tiempo: inclusión (notoriamente en las reformas de 1977, 1986 y 1990), certeza y transparencia (1990, 1993, 1994), equidad (1993, 1996, 2007), imparcialidad de la autoridad (1994 y 1996) y legalidad (1986, 1996).
La reforma de 1977 buscó la inclusión de grupos proscritos —por ejemplo, se fomentó la creación de partidos políticos y el Comunista Mexicano recuperó su registro legal después de años de vivir en las penumbras—. También creó 100 diputados de representación proporcional para dar voz a las minorías en el Congreso, mismos que se expandieron a 200 en la reforma electoral de 1986. Sucesivos cambios avanzaron la lógica incluyente: se destinaron cuantiosos recursos para contar con un registro universal y confiable de votantes, lo cual se logró desde los años noventa a través del fortalecimiento del Registro Nacional de Electores. Asimismo, se diseñó un sistema de organización electoral que acercó la casilla de votación al domicilio de los electores. Para ello se estableció, desde la ley electoral de 1990, que las secciones en las que se dividen los distritos electorales tendrían como máximo mil 500 votantes y que por cada 750 electores o fracción se instalaría una casilla para recibir la votación. A diferencia de otros países que instalan centros con decenas de mesas de votación —que implica trayectos largos para llegar al sitio—, en México el votante cuenta con una casilla cerca de su hogar en las zonas urbanas.
El segundo objetivo del reformismo electoral mexicano fue crear certeza y transparencia en la organización de los procesos electorales, eso es, eliminar cualquier práctica de fraude electoral. La reforma de 1990 sentó las bases de un nuevo modelo que profesionalizó la organización de las elecciones mediante la creación de un instituto electoral con un mandato claro: capacitar funcionarios, instalar casillas de votación, computar y difundir resultados electorales, elaborar y actualizar el padrón electoral, así como dar prerrogativas a los partidos políticos y fiscalizar su uso. Tan exitosa fue aquella reforma que la elección de 1991 para renovar la Cámara de Diputados transcurrió sin cuestionamiento alguno y permitió al pri recobrar su fortaleza electoral y ganar 58% de la votación sin que se adujera fraude electoral.
El tercer objetivo del reformismo electoral fue sentar condiciones parejas de competencia. No sólo se trataba de gritar desde la tribuna y denunciar la corrupción del gobierno —como empezó a ocurrir a partir de 1979 cuando la oposición alcanzó 25% de las curules de la Cámara de Diputados—, sino de construir la ruta para que la oposición pudiera gobernar desde cargos ejecutivos. Crear piso parejo ha sido la fuerza motriz de varias reformas electorales —una suerte de aplanar y aplanar un terreno lleno de vallas, dunas y distorsiones que daban ventaja al partido oficial en el siglo xx y que siguen beneficiando a los partidos que compiten con el apoyo del gobierno (sea el federal o los estatales).
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