El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) calificó como “un golpe a la libertad de expresión” al proyecto de Ley de Comunicación Social aprobado el pasado 3 de abril por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
En un pronunciamiento, dicha instancia demandó que el dictamen sea corregido antes de que se discuta en el pleno, a fin de que cumpla con los principios de transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto, y de que se tomen en cuenta los puntos de vista de las organizaciones civiles especialistas en esta materia, cita el reporte del periódico Reforma.
Los integrantes del comité consideraron que, en sus actuales términos, la iniciativa no se apega a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su resolución emitida en noviembre pasado, cuando ordenó al Congreso de la Unión elaborar un marco legal que regule la publicidad gubernamental y poner fin a la discrecionalidad con que actualmente se rige.
Advirtieron que de concretarse el proyecto tal y como está, significaría “un retroceso democrático para México”, por lo que en caso necesario recurrirán a las instancias nacionales e internacionales correspondientes, a fin de asegurar “la eficiencia del gasto público y la garantía plena al derecho de libertad de expresión”.
El pasado 3 de abril, con el voto a favor del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Morena, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
Luego de la ola de críticas que se generaron por esta decisión, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Virgilio Caballero, justificó el voto a favor de su compañero de bancada Alejandro Ojeda, quien forma parte de la comisión legislativa.
En entrevista para Aristegui Noticias el 4 de abril, Caballero Pedraza dijo que su correligionario “se equivocó” y adujo que su intención no era avalar el dictamen sino que éste tuviera los votos necesarios para subirse al pleno y abrir un debate más amplio al respecto.
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