La labor jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) facultó el reconocimiento y protección de la igualdad, como el de los derechos de los indígenas, declaró este día la presidenta de esa institución, Janine M. Otálora Malassis, al hablar de una sentencia reciente en la que se crearon 13 curules en la Cámara de Diputados exclusivamente para ciudadanos indígenas.
En el marco de la presentación de la conferencia magistral “El papel de la ciudadanía y la democracia en la agenda del Ius Constitucionales Commune: América Latina y Europa”, impartida por Armin von Bogdandy, director ejecutivo del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y el Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, la magistrada presidenta refirió que cada vez más, América Latina apuesta a un constitucionalismo de derechos con garantías supranacionales que está formado por tres elementos: derechos humanos, democracia y Estado de derecho.
“El desarrollo de este derecho constitucional común se debe a la historia propia de la región que ha tenido una herencia de regímenes autoritarios y un legado de instituciones débiles, cuyo fortalecimiento seguimos moldeando por diversas vías”, expresó.
Asimismo dijo que la lucha ciudadana en toda la región, frente al debilidad de que ha habido en las instituciones, ha impulsado la agenda Ius Constitucionale Communae, ya sea a través del activismo legal o incidiendo directamente en reformas estructurales y, consecuentemente, en políticas públicas.
No obstante, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña refirió que nuestro país nunca ha contado con un orden jurídico tan conscientemente abierto al derecho internacional y al derecho comparado, como el que tiene en la actualidad.
Al hablar sobre el proyecto Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL), Armin von Bogdandy aseguró que su ambición es contribuir a la plena realización de los derechos, de la democracia y del Estado de derecho, y participar en la construcción de sociedades que sean más plurales y más cohesionadas.
Su objetivo de estudio es el conjunto de normas jurídicas que gobiernan el ejercicio de la autoridad pública. Los derechos humanos se han convertido durante los últimos 30 años en un lenguaje legal, político y social común que no existía previamente, agregó.
De igual forma apuntó que en el ICCAL existe plena conciencia de que el avance en una agenda de transformación por medio de procesos jurídicos genera muchos retos, por lo que consideró necesario que los tribunales tengan su rol dentro del sistema político, que esté acorde al contexto social y político específico de cada país en América Latina, particularmente cuando existen fenómenos de exclusión y debilidad institucional.
