El gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para procesar a funcionarios por el caso Odebrecht, pero se rehúsa a presentar cargos porque perjudica al Partido Revolucionario Institucional (PRI) previo a las elecciones del 1 de julio, declararon a The New York Times tres personas cercanas al caso.
En un reporte de Azam Ahmed, que reconstruye a grandes rasgos las etapas más importantes del caso de corrupción más grande de América Latina, señala que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) iniciada a principios del año pasado obtuvo evidencia suficiente para presentar cargos contra los sospechosos, pero las presiones políticas son demasiado grandes y han evitado que el proceso continúe.
Los sospechosos por sobornos, según señala el diario, trabajan en Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Nada ha sucedido en México, al menos no a los funcionarios mexicanos. Se emitió una sanción administrativa en contra de Odebrecht, en la que se le prohíbe hacer negocios en México por los próximos años. Pero ningún funcionario mexicano ha sido acusado por aceptar sobornos y Cervantes, quien renunció al cargo en octubre, dijo públicamente que la investigación estaba concluida.
“Desde entonces, su sucesor, el procurador Alberto Elías Beltrán, ha contradicho esas declaraciones al sugerir que la indagatoria continúa y por tanto no puede divulgar detalles”, continúa el reporte.
Según los testimonios que obtuvo el diario, de quienes no da nombres o algún dato sobre su vinculación con el caso, agregaron que en realidad la investigación ha sido archivada debido a que el PRI no puede arriesgarse a que aflore otro escándalo de corrupción antes de las elecciones.
Eduardo Bohóquez, director de Transparencia Mexicana sostuvo que el escándalo de Odebrecht va más allá de afectar la reputación del presidente Enrique Peña Nieto, porque ya está dañada. “No acusar a nadie en este caso tiene que ver con el futuro de partido”.
“Con otro escándalo como este, toda la maquinaria política y su financiamiento podrían desplomarse”, añadió. “Eso es más grande que las elecciones; se trata de la supervivencia misma del partido”.
Cuando se destapó el escándalo de corrupción, la constructora brasileña admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en América Latina para hacerse con contratos públicos en una docena de países, fue a finales de 2016 cuando reconoció ante autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses haber pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.
