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Elba Esther Gordillo reapareció este lunes en público por primera vez desde febrero de 2013, cuando fue capturada por un comando especial de la Marina en el aeropuerto de Toluca, y se declaró, con su exoneración judicial en la mano, inocente y víctima de acusaciones falsas. La maestra estaba aquél febrero en San Diego y viajaría a Guadalajara para una reunión con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero hizo escala en Toluca a petición del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien le dijo que quería cenar con ella para platicar. Cuando los comandos de la Marina la encañonaron, cayó en la cuenta de la trampa.

Videgaray, con quien no tenía una relación fácil, es uno de los enemigos con quien tiene facturas por cobrar. Pero aquella celada no es la razón central de su animadversión con Videgaray, sino su papel central en la reforma educativa, al considerarlo su arquitecto, aunque sin restarle responsabilidad a Aurelio Nuño, a quien el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, le encargó la elaboración del anteproyecto de la reforma educativa. Según allegados de la maestra, Nuño no tenía vida propia, sino era dependiente del exsecretario de Hacienda.

Nuño trabajó la reforma educativa durante todo el periodo de transición con Fernando González, yerno de la maestra, que había sido subsecretario de Educación Básica en el gobierno de Felipe Calderón. Según González, la posición que siempre mantuvo como representante de la maestra, era que no se oponía a la reforma educativa, sino a cómo la pensaban implementar. La evaluación de los maestros no debía ser el punto de partida, sino el destino, y una verdadera reforma no debía circunscribirse a la parte administrativa, como inicialmente se enfatizó. La relación se fue deteriorando y las diferencias entre ellos creciendo.

La maestra Gordillo fue narrando a sus cercanos desde la cárcel, cómo fue viendo en las acciones del equipo de Peña Nieto que el objetivo era ahogarla y desmantelar el sindicato. Ella no sabía, en ese entonces, que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda estaba revisando sus cuentas desde el primero de diciembre. Ella inició varias acciones de radicalización, analizadas como actos de soberbia por el equipo del ya presidente –y por algunos miembros de la República de las Opiniones, como el que esto escribe–, de manera intuitiva. El lance más importante fue la entrevista que concedió a Adela Micha, una semana antes de su detención, donde dijo frases como: “Entré por el excusado y salí por la puerta grande”, para describir su paso por el magisterio.

Aquella entrevista le generó muchas críticas y fue analizada en Los Pinos por el presidente Peña Nieto; Videgaray; Nuño; los entonces secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación, Emilio Chuayffet; el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam; el exdirector del Cisen, Eugenio Imaz, y el exdirector de Comunicación Social de Los Pinos, David López. La conclusión fue que había “enloquecido” y había que proceder en su contra. El Presidente tenía dudas, por cercanía y auténtico cariño hacia la maestra, pero su equipo, de forma unánime, sugirió proceder en su contra. Ahí se tomó la decisión.

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