La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia por irregularidades cometidas en la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015.
De acuerdo con el reporte de Reforma, la titular de la CDHDF, Perla Gómez, informó sobre los detalles de la recomendación 4/2017, emitida contra las dependencias referidas, por la violación a los derechos de las víctimas: Mile Virginia, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Rubén Espinosa.
Gómez explicó que las autoridades capitalinas violaron los derechos de las víctimas y sus familiares al no seguir los protocolos de investigación adecuados y por las diversas irregularidades cometidas en las actuaciones ministeriales.
Entre ellas, está la filtración a medios de los nombres de las víctimas, datos personales, e incluso fotografías de los cuerpos tomadas por los peritos en el lugar de los hechos.
Aunado a ello, la PGJCDMX no agotó todas las líneas de investigación del caso con perspectiva de género, derechos humanos y tomando en cuenta las actividades políticas y periodísticas de dos de las víctimas (Vera era activista y Espinosa fotoreportero de Proceso, ambos provenientes de Veracruz).
Todo lo anterior, según la Comisión, provocó que se expusiera a las víctimas en medios de comunicación y que fueran discriminadas por aspectos su nacionalidad, juicios de valor o género.
Por ejemplo, a Mile Virginia se le relacionó con actividades de narcotráfico por ser originaria de Colombia, mientras que de Rubén Espinosa se dijo que el día del multihomicidio había consumido drogas y alcohol.
En tanto, al TSJ se le imputaron irregularidades relacionadas con las necropsias practicadas a los cuerpos.
Por lo anterior, la CDHDF recomendó tanto a la PGJCDMX como al TSJ crear un plan integral para resarcir el daño a los familiares de las víctimas, el cual debe incluir el compromiso de agotar todas las líneas de investigación sugeridas; la participación de fiscalías especializadas (no sólo la de homicidios); la sanción a los funcionarios que filtraron datos de la indagatoria, y una indemnización económica.
mahy
