Desde el lunes 29 de octubre y hasta el viernes 2 de noviembre, France 24 emite una serie especial para analizar la impunidad en los crímenes contra el periodismo y las garantías para la libertad de prensa en distintos rincones del planeta.
El caso más reciente ocurrió en Acapulco, otrora centro turístico y hoy convertido en uno de los frentes más violentos en la guerra contra el narcotráfico en México. El productor radial Gabriel Soriano Kuri venía de apoyar un evento del gobernador del estado Guerrero cuando interceptaron la camioneta marcada con los logos del medio público ‘Radio y Televisión de Guerrero’ (RTG) y le dispararon en repetidas ocasiones.
Las cifras más recientes de la oficina en México de la organización Artículo 19 cuentan 8 asesinatos en lo corrido del año. La lista de Reporteros sin Fronteras va en 10 víctimas (en dos casos no se ha confirmado la conexión con el oficio periodístico), en el resto de América Latina han asesinado al menos a otros 10 reporteros.
Las mafias del narcotráfico son las principales responsables en la mayoría de los casos de México, así como en el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ‘El Comercio’ en la frontera colombo ecuatoriana.
¿Quién investiga los crímenes contra la prensa?
Luis Knapp, coordinador de litigio de Artículo 19 México, cuenta que en su país existe la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, una entidad que fue creada para investigar los crímenes contra el periodismo. Pero, por el sistema federal mexicano, hay asesinatos que se investigan directamente en las fiscalías regionales, lo cual a veces obstaculiza el seguimiento a cada caso.
Knapp alerta que a pesar del incremento en la violencia, y aunque se han creado estas entidades especializadas, la búsqueda de justicia no muestra resultados.
“No ha habido avances al respecto. Ni en materia de prevención, ni en materia de protección, ni en materia de procuración de justicia”, le dijo Knapp a France 24.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en distintas ocasiones que “los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores”. Un mandato que tiene como objetivo último “prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación”.
De ahí que la RELE haya tomado la decisión de liderar la investigación sobre el caso del equipo periodístico del diario ‘El Comercio’ conformado por Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega, secuestrados y posteriormente asesinados en la frontera colombo-ecuatoriana entre la última semana de marzo y las primeras de abril.
Cada vez hay más preguntas para los gobiernos de Colombia y Ecuador
El 26 de marzo de 2018 se perdió contacto con el equipo periodístico. Se dirigían a la provincia de Mataje, norte de Ecuador, para investigar la creciente ola de violencia que se venía registrando en esta zona del país.
Desde ahí, toda la información es confusa. Los gobiernos de Colombia y Ecuador tardaron en confirmar el secuestro, que fue perpetrado por una disidencia de las FARC, el grupo guerrillero colombiano que se desmovilizó luego de un acuerdo de paz en 2016, al mando de Walter Artízala, alias ‘Guacho’.
Además, los nombres de los reporteros y su conductor permanecieron en secreto por varios días y mientras el entonces ministro del Interior de Ecuador César Navas decía que los ecuatorianos estaban en el país vecino, en Colombia, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas (quien ya no está en el cargo por el cambio de gobierno), decía lo contrario.
Más de seis meses después, los familiares de las víctimas, así como las organizaciones defensoras de la libertad de prensa en los dos países, siguen pidiendo respuestas sobre el manejo de la información durante esas semanas.
La organización Forbidden Stories, reconocida por liderar el Proyecto Daphne que reconstruye el caso de la periodista de Malta asesinada en octubre de 2017, acudió al llamado de un grupo internacional de periodistas para investigar lo ocurrido. El resultado: Frontera Cautiva, un reportaje multimedia que reconstruye el crimen, los avances en la investigación y retoma las preguntas que llevaron a este equipo periodístico a una de las zonas con más cultivos de coca en Colombia.
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