La tarde de este lunes 15 de mayo otro periodista en México fue asesinado, el sexto en lo que va del año y 44º de lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Las condenas, por parte de los partidos y la clase política vienen consigo, pero el esclarecimiento de cada muerte y el castigo a los responsables permanece en la impunidad.
Es hasta el homicidio de Javier Valdez Cárdenas que el Ejecutivo se pronuncia públicamente y de manera inmediata, pero la condena sigue siendo insuficiente. Hace apenas diez días, tras reunirse con representantes del Comité para la Protección de los Periodistas, Peña Nieto tuvo que reconocer la falta de acciones que los gobiernos de los tres órdenes para realmente proteger la libertad de prensa en el país.
Ineficacia, lo llamo yo, pues de los 48 casos que ha atraído la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) desde 2010 (cifras hasta abril de 2017), solo tres han terminado en sentencias condenatorias.
Hace diez días EPN dijo que se requiere una mayor participación de los gobiernos locales para consolidar una política de Estado que permita prevenir y combatir la violencia contra los periodistas, y mejorar las condiciones de seguridad para el desarrollo de la labor. Hasta el día de hoy no hay una iniciativa del gobierno federal que hable de esa solución.
Apenas la semana pasada, el procurador General de la República, Raúl Cervantes, designó al nuevo fiscal de la Feadle, Ricardo Sánchez del Pozo en sustitución de Ricardo Celso Nájera Herrera. Al frente nada más y nada menos tiene la resolución de los homicidios, así como 798 denuncias por agresiones a periodistas que datan desde 2010 a abril de 2017.
No obstante, las políticas públicas y la operación -eficiente- de la fiscalía no son la única tarea pendiente del Estado, a mediados de abril la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda recursos extraordinarios para fortalecer el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el otorga las medidas de prevención y protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo.
La CNDH advirtió que de no contar con los recursos, en los últimos meses de este 2017 no se podrían seguir financiando las medidas que actualmente favorecen a cientos de beneficiarios. Sin embargo a más de un mes, el proceso sigue en vías de aprobación.
Las autoridades de los tres órdenes tienen una gran deuda con la libertad de prensa.
Alejandra Escobar Atempa
