Las nueve administraciones estatales salientes son investigadas por la Auditoría Superior de la Federación por un manejo inadecuado de recursos federales equivalentes a 16 mil 657 millones de pesos.
Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí, Campeche y Michoacán por realizar transacciones a cuentas no autorizadas, compras sobreevaluadas y subtutilizadas, uso de recursos para objetivos diferentes a los estipulados, pago a personal docente y de salud no validado.
Parte de estos fondos estaban destinados a los estados para mejora de infraestructura de la educación básica, salud, social, así como para aportaciones en educación tecnológica y de adultos, y de seguridad pública.
De acuerdo a los informes de la ASF, hasta junio de este año, Michoacán es el estado que más irregularidades acumula, sobre todo durante los años de 2012 y 2013, lapso en el que gobernaba Fausto Vallejo antes de claudicar por cuestiones de salud.
Según la información difundida este lunes por Milenio Diario, de los siete mil 764 millones de pesos investigados destacan la adquisición de un auto valuado en 228 mil 180 pesos que no cumplía con los fines de la Ley de Coordinación Fiscal y que actualmente está siniestrado.
Aunado a ello, se registra compra de medicamentos fuera del catálogo universal, gasto que asciende a cuatro millones 472 mil 357 pesos.
La ASF detectó transferencias de recursos por 223 millones de pesos a la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por concepto de convenios laborales como “bono de apoyo a la economía”, “estímulo a la superación educativa” y “Día del empleado”. Además, una transferencia al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por dos mil 139 millones de pesos a cuentas no vinculadas con dicho fondo.
Al respecto, Miguel López Miranda, secretario de Finanzas y Administración del estado, reconoció el adeudo investigado por la ASF y aseguró que están colaborando con la dependencia para solventarlo. Sin embargo, adelantó que de no llegar a un finiquito la deuda será responsabilidad del gobierno entrante.
López Miranda justificó las irregularidades diciendo que “en principio, las obligaciones financieras que pudo tener es ese momento (el estado) es probable que hayan orillado a determinados servidores públicos a fondear con recursos etiquetados otras obligaciones que no tenían recursos“.
Con relación a los otros estados, en el caso de Aguascalientes, dicha entidad federativa es investigada por un desvío de recursos por 17 mil 15 millones de pesos.
En Nuevo león, la ASF investiga al gobierno saliente por un subejercicio del 89% en los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) que ascienden a 54 millones 706 mil 700 pesos, al cierre del 2013, así como la compra de un escáner de localización de cadáveres con un costo de un millón 67 mil 200 pesos que no está en uso.
En el caso de José Cazada Rovirosa, gobernador de Querétaro, su administración otorgó 225 mil 264 pesos al fondo de Aportaciones Múltiples por un pago de prestaciones, no autorizadas, empleados de la universidad local.
En Campeche, durante el mandato de Fernando Ortega, se registró en 2013 un pago de seis millones 644 mil pesos para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica para compra de vales de pavo, uniformes deportivos y medallas.
Durante la administración de Marco Alberto Covarrubias (Baja California Sur) pagó a seis médicos un millón 688 mil 720 pesos proveniente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, pese a que la documentación requerida para acreditar el perfil de la plaza no fue presentado.
En el caso de la gubernatura de Guillermo Padrés (Sonora), en seis meses, realizó transferencias por 100 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a cuentas no autorizadas. Asimismo, destinó siete millones 10 mil 500 pesos a un partida no programada y dos millones 877 mil 400 pesos para alimentación de fondos se dirigieron a otros objetivos.
En el caso de San Luis Potosí y Guerrero, ambas entidades son investigadas por recursos de servicios de salud. En el caso de la primera, por un pago de 514 mil 400 pesos a un médico que realiza trabajos administrativos y en el caso de la segunda por una aportación de un millón 817 mil 448 pesos a 72 empleados que no estaban en la nómina.
A la Secretaría de Seguridad de Colima se le investiga por la compra de un vehículo blindado Tigger, al que se han destinado tres millones 951 mil pesos, equivalente sólo al 60% del precio total del carro.
mahy
