Como parte de la Recomendación 51/2014 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tlatlaya, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ejerció acción penal contra siete policías ministeriales, luego de acreditar su probable responsabilidad en el delito de tortura en agravio de las tres testigos del caso.
Un Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca fue quien concedió la orden de aprehensión contra cuatro agentes de la Policía Ministerial, mismos que ya fueron ingresados al Centro de Prevensión y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde están a la espera de que el juez dictamine su situación legal.
Las otras tres órdenes están en proceso de ser otorgadas por la autoridad judicial.
De acuerdo con el comunicado de la PGJEM, en su indagación encontraron pruebas suficientes para establecer que los servidores públicos “habrían maltratado física y psicológicamente a las tres víctimas (V-23, V-24 y V-25, según la recomendación de la CNDH) con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya y la presunta relación de éstos con un grupo delictivo de orígenes en el estado de Michoacán”.
Asimismo informaron que hasta el momento han comparecido 40 servidores públicosdel Instituto de Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales.
Sin embargo, respecto a la denuncia de la CNDH sobre el probable retardo o entorpecimiento del servicio de procuración de justicia, la dependencia señaló que hasta el momento su indagación no ha arrojado elementos suficientes para establecer que los servidores públicos actuaron de forma dolosa.
Lo anterior, al argumentar que el personal la PGJEM llegó al lugar de los hechos, luego de evaluar las condiciones de seguridad que prevalecían en la zona, tomar en cuenta la distancia y organizar equipos de trabajo de distintas fiscalías capaces de atender un hecho de “tales magnitudes”.
No obstante, aseguraron que la investigación continúa y que, de ser el caso, deslindarán las responsabilidades de carácter penal contra quien corresponda.
El el comunicado la Procuraduría también especifica que una de las víctimas, identificada como V-23, se ha negado a declarar en dos ocasiones, a pesar de que se implementaron estándares internacionales de protección y se ofreció desahogar la diligencia en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
ahea
