Fotocomposición: etcétera
La noche del 3 de mayo de 2021 ha quedado para siempre en la memoria de los capitalinos como la de una tragedia inconmensurable. Una tragedia, que por más que lo niegue, es en el presente total responsabilidad y culpa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, así como lo fue del exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard.
Esta tragedia es también el colapso de sus aspiraciones presidenciales. No importa que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya salido al rescate y haya comprometido su palabra para devolver “al pueblo” la Línea 12 ni que sus afines la ovacionen con gritos de “¡presidenta, presidenta!”.
La caída en la estación Olivos hizo que Sheinbaum, como operadora política de Morena en la capital, perdiera 9 alcaldías en las elecciones del 6 de junio.
También hará que su suspirada carrera por la presidencia quede en nada. No importa que el propio Carlos Slim haya llegado a apuntalarla. Porque la gente no olvida.
Para la jefa de gobierno y su superior inmediato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ocurrido con la Línea 12 no tuvo que ver con niños, jóvenes y adultos muertos, heridos o devastados. O con un mayor empobrecimiento de los trabajadores de la zona de Tláhuac, Chalco e Iztapalapa.
No. Se trató de un muy molesto tropiezo político, que enfureció a AMLO y lo hizo recrudecer sus ataques contra la prensa y hacer de la clase media un nuevo enemigo, por culpar a su proyecto de la tragedia y por ello, castigarlo en las urnas.
Fue un golpe para Sheinbaum, su gran favorita, pero también para el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, segundo en la línea de sucesión presidencial y artífice de la “Línea Dorada” en el año 2014.
Al rescate de Claudia… y de Slim
Es tal la importancia (política, que no humana) que tiene lo ocurrido, que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de su cuenta corre que la Línea 12 se volverá a poner en marcha a más tardar en un año. Para lograrlo, a cambio de impunidad (y no sabemos qué otras concesiones), logró que el empresario Carlos Slim asumiera el costo de reparación del tramo colapsado.
Aunque no forma parte de sus atribuciones, ya que el STC Metro es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, el presidente se echó encima el compromiso de arreglar la Línea 12 a más tardar para junio de 2022.
“Ya puedo decirle a la gente Tláhuac, de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año estará funcionando de nuevo la Línea, con toda la seguridad y es mi palabra”, dijo el 24 de junio.
Un día antes, en su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum mostró su sumisión al anunciar que ella ya no hablaría del tema, ya que “es algo que va a seguir informando el presidente, es un acuerdo que tenemos entre todos, que sea una sola información”.
El 29 de junio, Carlos Slim dijo a los medios que se encuentra “convencido” que la L12 no tiene vicios de origen, es decir, que la tragedia fue culpa de las autoridades, por no dar adecuado mantenimiento.
Al día siguiente el 30 de junio, López Obrador anunció en su conferencia mañanera que Slim, dueño de Grupo Carso, empresa responsable del tramo que colapsó, había ofrecido hacerse “cargo de la reconstrucción de todo el tramo”.
No sólo eso: ese mismo día, el presidente lo exculpó públicamente de toda responsabilidad. Señaló que el empresario le dijo que entregó la obra correctamente y “yo le creo”.
Al sacar a Slim de la lista de posibles responsables, el presidente obtuvo algo de recursos para avanzar en la reparación de la L12, esperando que el rescate de la Línea llegue a tiempo para que su protegida limpie su imagen pública y se posicione rumbo a la carrera presidencial de 2024, a la que ya se han apuntado también Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y hasta Gerardo Fernández Noroña.
Sheinbaum, culpable y responsable, busca chivos expiatorios
Lo reiteramos: la principal culpable y responsable de la tragedia del 3 de mayo en la Línea 12 del Metro, la auténtica “Noche Triste” para la Ciudad de México, es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
Su obligación como gobernadora de la capital, y superior inmediata de quien sea que dirija el Sistema de Transporte Colectivo Metro es garantizar, por los medios que sean necesarios, la seguridad y buen funcionamiento del mismo.
No obstante, por medio de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, ya busca una salida para encontrar culpables, sin afectar ni su carrera política ni la de ninguno de sus amigos o compañeros de partido.
Según informaron diversos medios el pasado 11 de agosto, la FGJ busca fincar responsabilidades a personal de segundo y tercer nivel de las firmas constructoras. “Es apenas el resultado del dictamen preliminar. La investigación continúa y no sabemos si escale hasta funcionarios de primer nivel, mientras, todo se está concentrando en empleados y trabajadores de bajo nivel”, dijo a Excélsior un perito, cercano a las investigaciones, que no quiso revelar su nombre.
“Sabíamos que iban a salir con algo así, igual que con lo del Rébsamen, que sólo metieron a la cárcel al albañil, al que puso los ladrillos o al que pintó y a ningún funcionario político que permitió la corrupción, lo mismo están haciendo ahora”, declaró al mismo diario Guadalupe, hermana de una de las personas que fallecieron en la tragedia.
La principal línea de investigación que lleva adelante la Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, es que se trató de una deficiente supervisión de obra, y todo apunta, por ahora, al entonces director general de grupo IPISA, Alejandro “N”, como el presunto responsable principal.
Fotografía: ICA México/ Facebook
De esta manera, las autoridades judiciales de Sheinbaum están trabajando para lavarse las manos, omitiendo de manera deliberada que hay una larga cadena de responsables que incluyen no sólo a los operarios, constructores y supervisores, sino también a quienes en gobiernos pasados aprobaron presupuesto, recibieron la obra, la publicitaron, dieron u omitieron mantenimiento y dieron por buenos los dictámenes de seguridad de diversas empresas especializadas.
Por supuesto, también se deja fuera a la directora en funciones durante el colapso: la gran amiga de Sheinbaum, Florencia Serranía, a quien también se le incendió el Puesto Central de Control el 9 de enero de este año y tuvo 9 accidentes más, antes de ser destituida, sin recibir absolutamente ninguna sanción.
Luego de la tragedia, Serranía afirmó que durante su gestión cumplió de manera correcta con el diario mantenimiento a la L12.
Al respecto, cabe rescatar un conjunto de datos divulgado el 5 de mayo por el diario El Sol de México, en el sentido de que durante la gestión de Florencia Serranía se hizo una auditoría (de julio a septiembre de 2019), que arrojó no había registro de que se hubieran realizado 21 mil 381 acciones de mantenimiento a los trenes de la Línea 12.
Estas omisiones en mantenimiento no son exclusivas de este gobierno, pero el de Sheinbaum estaba debidamente informado, tal como lo estuvieron administraciones anteriores.
Los problemas “del pasado” pertenecen al presente
Es indispensable acotar que cuando un nuevo equipo se hace cargo del gobierno de un país, estado, municipio o alcaldía, pasa por un proceso de entrega-recepción de la administración pública.
En ese proceso quienes llegan deben revisar cada área de la administración, se debe constatar que se reciben documentos, análisis técnicos, informes de toda clase, bases de datos, comprobantes de gastos, mobiliario, recursos económicos, monto de deuda, acuerdos alcanzados con actores políticos, compromisos a largo plazo y un larguísimo etcétera.
Por ello, ni legal ni éticamente el gobierno de Claudia Sheinbaum puede llamarse engañado ni mucho menos sorprendido por el estado que guardaba la L12, ni las múltiples omisiones de administraciones pasadas, pues obligadamente estaba informado desde un inicio.
No sólo eso: desde el mismo origen del proyecto L12 diversas instancias, como la Auditoría Superior de la Federación y la antes Asamblea Constituyente del Distrito Federal fueron documentando, con el correr de los años, informes de fallas en el trazado, inconsistencias en el ejercicio del presupuesto, dudas en los dictámenes de seguridad, advertencias de especialistas y mucho más, que suman cientos de miles de fojas de informes varios.
Ya en funciones, el gobierno de Sheinbaum tuvo 29 meses para evaluar globalmente la situación de la L12, hacer dictámenes preventivos, denunciar lo correspondiente y tomar medidas.
En efecto: Sheinbaum no construyó la línea. Lo hizo Ebrard. Y es cierto: la corrupción dentro de este proyecto no inició con su gobierno. Continuó con el gobierno de Mancera. Pero ella buscó gobernar la CDMX y asumir todo lo que conlleva. Al tomar posesión, los problemas “del pasado” se volvieron sus problemas.
El tramó cayó y lo hizo durante el gobierno de Claudia.
No hay excusa que valga.
Austericidio y derroche innecesario
Tomando en cuenta los antecedentes de la L12 y todo lo ocurrido durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el gobierno de Sheinbaum bien pudo asumir una revisión profunda de las condiciones de la L12, encontrar las fallas estructurales que provocaron la tragedia y así evitarla.
Le hubiera convenido incluso como bandera política. Pero simplemente decidió no afrontar este tema.
Manta de señalización colocada en un poste, en los paraderos del Metro Mixcoac.
Y es que ahondar en un asunto así cuesta mucho dinero. Y ya sabemos que la norma de la Cuarta Transformación es la austeridad republicana, por más que en múltiples ocasiones han perdido millones por ahorrarse los centavos.
Paradójicamente, el afán de ahorrar, ahorrar, ahorrar, ha llevado a que el gobierno de la capital esté tirando cantidades millonarias cada día, puesto que tuvo que implementar el Programa de Transporte Emergente para solucionar la grave crisis de movilidad debida al cierre de la L12.
Este programa se puso en marcha desde el 4 de mayo de 2021, al día siguiente de la tragedia. Primero fue gratuito, y luego se le puso un costo: el viaje cuesta cinco pesos. A pesar de eso, le cuesta millones de pesos al gobierno.
Ya son más de tres meses en que autobuses RTP, trolebuses recién adquiridos y flamantes unidades de Metrobús suplen las funciones de la L12. Al gasto en compra de unidades, gasolina, mantenimiento y sueldos de choferes, se suman los recursos empleados en poner mantas para señalización, andenes improvisados, uniformes para los policías que cuidan las “estaciones” puestas en plena calle, techados de policarbonato, mamparas, vallas metálicas y más.
Techado de policarbonato en la “estación” callejera correspondiente a la estación Atlalilco.
Y, en el mejor de los casos, esta situación perdurará hasta junio de 2022, si es que AMLO cumple su palabra de reactivar la L12 para esa fecha.
La Noche Triste
Apodada por los ciudadanos como la “Noche Triste”, la del 3 de mayo fue testigo del atroz y traumático (pero no inesperado) colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro.
Su caída dejó 27 víctimas mortales, más de cien heridos, así como un número indeterminado de víctimas indirectas por diferentes motivos: desde familias que lloran a sus muertos, hasta trabajadores que viven un viacrucis para trasladarse diariamente a sus empleos.
Ilustración: @Genrus/Twitter
Hacia las 10:45 de la noche del 3 de mayo, las redes sociales se cimbraron con cientos de publicaciones y videos mostrando el horror: el puente partido en dos, el tren roto y colgando, con personas a bordo, gritos, llamadas de auxilio.
Las redes sociales se adelantaron a los medios de comunicación, mostrando el inmenso valor que esta forma de comunicación posee en la sociedad actual.
Gracias a los reportes de los testigos inmediatos del hecho, se pudo documentar ampliamente la tragedia y además, iniciar con la necesaria presión pública en contra de la autoridad responsable.
Esa noche y en los días subsecuentes, cuentas en Twitter y redes sociales hicieron un ejercicio de memoria, al recuperar fotografías divulgadas en octubre de 2020, en que se veía ya el grave deterioro del tramo colapsado.
Es decir: los vecinos de la zona denunciaron con siete meses de antelación que se advertía un vencimiento en la trabe, sin que ninguna autoridad tomara cartas en el asunto.
Las redes sociales también posicionaron tendencias, compartieron nombres de desaparecidos, información de hospitales, y compartieron imágenes de otras líneas elevadas del metro con graves muestras de deterioro.
Fotocomposición: Reporte Índigo
La del 3 de mayo fue una larga noche, en la que López Obrador no se hizo presente, ni tampoco Florencia Serranía. Sheinbaum sí acudió al lugar del siniestro hacia las 11:30 de la noche. En su cuenta de Twitter dijo que “una trabe se venció. Están trabajando bomberos, personal de seguridad pública. Atendiendo diversos hospitales”.
Al día siguiente, el presidente decretó duelo nacional y envió condolencias a las familias de las víctimas. Ese mismo día, Sheinbaum anunció que su gobierno contrataría a la empresa noruega DNV para hacer un peritaje sobre las causas, el cual estaría listo para el mes de julio, pasadas las elecciones del 6 de junio.
Tras la tragedia, Florencia Serranía fue vista una sola vez en público para declarar que la Línea 12 “recibía una inspección diaria muy rigurosa”. Luego, pasaron semanas y, el 28 de junio, se hizo presente en la conferencia de prensa de Sheinbaum en la que se anunció su destitución como directora del Metro, para ser suplida por Guillermo Calderón.
Muy comentado fue el hecho de que Sheinbaum se negó en todo momento a hablar de un “accidente”. En lugar de eso, lo denominó “incidente” y fue muy criticada por ello.
Víctimas e indemnizaciones
Hubo 27 personas muertas. El caso que más dolió a la opinión pública fue el de Giovanni, un niño de 12 años que viajaba de regreso a casa.
Un tema central de la tragedia fue el de la indemnización a las víctimas. El 9 de mayo Sheinbaum anunció que se darían 650 mil pesos a cada víctima o su familia. En todos los casos: heridos o fallecidos.
El 3 de julio, luego de duras críticas en medios de comunicación y protestas sociales, la morenista anunció que la indemnización total a las familias de fallecidos sumaría 1 millón 920 pesos por cada fallecido.
Asimismo, anunció que se darían 253 becas de manutención para niñas, niños y adolescentes, puestos de trabajo a 145 personas, viviendas a 60 personas y cancelación de créditos de vivienda a 19 personas.
Los términos de las indemnizaciones no se hicieron públicos, pero algunas víctimas hablaron de manera anónima con los medios de comunicación y aseguraron que de parte del gobierno capitalino recibieron mucha presión para aceptar la indemnización, entre cuyos términos se encontraba el comprometerse a nunca denunciar penalmente al gobierno o a cualquiera de sus instancias.
Algunas víctimas afirmaron que denunciarían a las constructoras en tribunales norteamericanos y los abogados de las mismas criticaron que el gobierno de Sheinbaum buscara acallarlas con dinero, al tiempo que brindaba impunidad a Florencia Serranía.
Impunidad
Con excepción del cese de la exdirectora del Metro, gran amiga de Sheinbaum, no ha habido ni rastro de castigo o sanción en contra de nadie, con excepción de los rumores que citamos arriba, en el sentido de que se busca sancionar a personal de nivel medio y bajo de las constructoras.
A Serranía se la despidió entre palabras de agradecimiento por parte de Sheinbaum. Y así, nada más, se la dejó ir. No se le han fincado responsabilidades de ningún tipo, a pesar de que familiares de las víctimas exigieron que se la acusara de asesinato.
Florencia Serranía. Fotografía: Entérate México.
El 6 de mayo, el bloque oficialista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión votó en contra de la creación de una Comisión Especial para investigar las causas del colapso. También votó en contra de que Marcelo Ebrard fuera citado para explicar lo ocurrido.
El 16 de junio, horas antes de que Sheinbaum presentara el peritaje preliminar de la empresa DNV, AMLO aseguró que “habrá castigo a los responsables”, pero dijo que lo “más importante” era rehabilitar la línea.
Agregó que sus adversarios estaban aprovechando la tragedia para lanzarse “con todo” en su contra y dijo que Sheinbaum contaba con todo su respaldo.
Con ello, exculpó a la jefa de gobierno, quien a su vez ya había exculpado tácitamente a Florencia Serranía. Luego de presentado el peritaje, el presidente dijo que su gobierno no encubre a nadie, y que tocaría a la FGJCDMX determinar culpabilidades.
El 18 de junio se le preguntó al presidente si consideraba que su canciller, Marcelo Ebrard, tiene responsabilidad política en la tragedia, ya que él fue quien encargó la obra. Ante ello, respondió que si a responsabilidades políticas vamos, el que era presidente del país en ese entonces era Felipe Calderón.
Con ello, dejó en claro que haría todo lo posible porque Ebrard, su mano derecha en muchos sentidos, también quedara impune.
La vida sin la Línea 12
Como documentamos en el reportaje audiovisual que acompaña este texto, para los vecinos de la zona afectada, la vida sin la L12 se ha vuelto mucho más ardua.
Desde hace décadas, Tláhuac e Iztapalapa son zonas complicadas para el acceso por medio de transporte público. La L12 vino a darle otros aires y otras expectativas a los habitantes, pues una inmensa mayoría de ellos trabajan en zonas más céntricas y diariamente deben trasladarse de ida y vuelta.
Para muchos significó una mejora en la calidad de vida y mejores ingresos, puesto que fue posible aceptar mejores puestos de trabajo o dar mayor impulso a sus pequeñas empresas. Muchos jóvenes se trasladaban de manera más rápida y descansada a sus centros de estudio y, en general, las familias podían permitirse pasear con más frecuencia.
Ya en 2014 y 2017 los vecinos sufrieron la pérdida del servicio. Así, es la tercera ocasión en la historia de la Línea que su servicio se suspende, con las consecuentes pérdidas de tiempo y recursos, por no hablar de las lamentables pérdidas de vidas.
Según personas entrevistadas para este trabajo, los usuarios han duplicado sus tiempos de traslado, pues a las largas filas para esperar una unidad, se suman las caminatas para llegar a las improvisadas “estaciones” callejeras. Cuando llueve, hay que esperar bajo la lluvia y lo mismo si quema el sol.
A ello hay que agregar que la circulación de las unidades se ve afectada por el tráfico de las calles, lo que por supuesto no ocurre cuando se viaja en metro.
El riesgo sigue ahí, en todo el Sistema
Lo ocurrido en la estación Olivos es el síntoma más grave y notorio de la enfermedad que vive el STC Metro.
No hay línea del Sistema o estación de la misma que no presente alguna falla: desde las muy menores, como focos fundidos o deficiente limpieza, hasta las más graves, como trenes con fallas en los frenos, cableado viejo, humedad que desgasta techos y paredes (con peligro de desprendimiento), hasta choque de trenes debido a fallas en los sistemas de tráfico.
Son riesgos en los que casi ningún usuario piensa. El metro es necesario, así que la gente lo usa, tratando de no pensar en que un accidente como el del 3 de mayo puede pasarle a cualquiera.
A ello se agregan los riesgos de los que la mayoría de los usuarios son conscientes: carteristas, asaltos, acoso sexual, contagios por COVID-19 por causa de las aglomeraciones e inseguridad en el tránsito por los pasillos, debido a la invasión de los espacios por parte de vendedores ambulantes.
A este respecto, un apunte:
El reglamento para el Metro de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece con claridad que está prohibido el comercio ambulante dentro de las instalaciones, con la finalidad de favorecer el fácil traslado de los usuarios.
No obstante, como puede constatar cualquier persona, en estaciones como Chabacano, Centro Médico, Mixcoac y muchas otras, tanto en pasillos como en vagones, el comercio ambulante domina los espacios.
A pesar de esta abierta violación, fue invocando la Ley de Movilidad que un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (adscrita a la vigilancia del Metro) impidió a esta reportera grabar una pequeña toma en video para este reportaje.
Sobra decir que en ningún artículo de dicha ley se prohíbe grabar en el metro. Aunque sí hay una mención al respecto en el Estatuto Orgánico del STC Metro, que señala que es necesario pedir autorización para grabar o fotografiar dentro del Sistema.
Tal requisito no tiene un fundamento constitucional, sino que es meramente un ordenamiento de nivel administrativo.
Por ese motivo, no tiene mayor jerarquía que los artículos 6, 7 y 9 constitucionales en los que se garantiza la libertad de expresión y de prensa.
