El pasado 14 y 17 de febrero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer el resultado de la licitación de las frecuencias FM y AM, respectivamente, que se pusieron a concurso con el objetivo de abrir el mercado de la radiodifusión en México. En los días subsecuentes, a través de diversos medios de comunicación, se dio a conocer que la empresa que obtuvo más frecuencias y la que ofreció más dinero se llama Tecnoradio. En total ganó 37 de las 178 frecuencias (AM y FM) que fueron licitadas y por las cuales este grupo empresarial, nuevo en el sector según lo reconoció el propio órgano regulador, pagará alrededor de 278 millones de pesos.
El que un concursante con pocos años en el medio haya sido capaz de presentar una oferta superior a la de otras cadenas ya consolidadas, generó una serie de dudas que dieron la pauta tanto para algunas revelaciones periodísticas como también para especulaciones y pronunciamientos ambiguos que poco abonan a la transparencia que deben tener estos procesos.
El pasado 23 de marzo el periódico El Universal difundió que detrás de Tecnoradio se encontraba el actual director del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Carlos Lara Sumano, y un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Alfonso Amilpas. Para armar su reporte, el rotativo consultó a varios especialistas como la presidenta de Observatel, Irene Levy, quien consideró que el caso podría “prestarse a tráfico de influencias”, mientras que Gabriel Sosa Plata expresó que la posible participación de Lara Sumano, genera suspicacias no sólo acerca de la operación misma, sino sobre los salarios que el director del IMER ha tenido como servidor público.
Lara Sumano guardó silencio por casi 24 horas tras lo revelado por El Universal y no se dirigió a este medio para pronunciarse, sino que concedió una entrevista al periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, donde aceptó que él y Amilpas fundaron Tecnoradio en 2011, pero que la compañía nunca operó por las condiciones económicas de sus socios; por lo tanto, negó haber tenido algún capital monetario por sus acciones de la empresa, que finalmente fue vendida en 2016. Según dijo, tampoco tuvo contacto alguno con los nuevos accionistas Eduardo Bañuelos Santana, René Padilla y Francisco Javier Márquez Lozano. Es decir, con su versión inverosímil, el director del IMER sólo quiso deslindar su persona del opaco procedimiento, pero nada más.
En la misma línea se conducido el IFT, quien por medio de Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, aseguró que ni Lara Sumano ni Amilpas eran accionistas en Tecnoradio desde que esta empresa se inscribió en la licitación de las frecuencias radiofónicas; declaró que de haberse acreditado cualquier participación de algún servidor público, en automático sería descalificado. No obstante, argumentó impedimentos legales para dar información sobre en qué condiciones se vendió Tecnoradio, quiénes son sus accionistas y sobre todo, cuál es la justificación para que una empresa de reciente creación se haya hecho acreedora a 37 frecuencias radiofónicas.
Uno de los especialistas que con más amplitud ha expuesto la poca transparencia con que se ha manejado este proceso de licitación ha sido Javier Tejado Dondé, quien en sus columnas para el diario El Universal, ha planteado la necesidad de que se esclarezca satisfactoriamente el origen de Tecnoradio y los criterios que llevaron al IFT a adjudicarle tal cantidad de estaciones radiofónicas.
Sin embargo, el hecho de que este experto trabaje como representante jurídico de Televisa, ha sido motivo para que sus colegas, que en un principio también cuestionaran la poca transparencia del concurso, pretendan desviar la atención hacia una posible “mano negra” de la televisora para intervenir en el asunto. En su columna para Sin Embargo, Sosa Plata sugiere que Tejado Dondé generó una suerte de “fake news” acerca de este proceso, mientras que Irene Levy ve “sospechoso” el interés de Televisa en este caso y poco cuestionan los endebles argumentos de Lara Sumano y la conducción errática del IFT en un caso donde únicamente la exigencia de transparencia debe prevalecer.
