Un asunto es exigir la reinstalación laboral en el nombre de la libertad de expresión y otro es registrar y denunciar el acoso sistemático al ejercicio periodístico que hay en todo el país.
No estamos refiriendo a una situación cada vez más preocupante aunque desgraciadamente no tiene la visibilidad pública que el tema merece; los profesionales de la comunicación que desarrollan su labor en muy difíciles condiciones no tienen los reflectores que exigen casos de hostigamiento laboral, acoso de los gobiernos locales y del crimen organizado.
Veracruz y Chihuahua son las entidades donde tienen más riesgo nuestros colegas periodistas, pero en todo el país, y por diferentes causas, se registran diversos intentos por silenciar su trabajo, lo que incluye desgraciadamente también crímenes. Al respecto hemos publicado un reporte especial en la edición correspondiente a junio y los proyectamos con la convicción de que debemos documentar todas y cada una de las agresiones que sufridas por periodistas y lo hacemos enfatizando, una y otra vez, que las autoridades respectivas den la respuesta puntual que exigen todos estos casos. Y es que hasta ahora los gobiernos federal no dan plenas garantías para el despliegue de esa labor tan importante para la democracia.
