El caso de Marco Antonio Sánchez Flores muestra que en nuestro país es precaria la cultura de los derechos humanos. Un espejo de ello lo encontramos en las redes sociales y varios medios de comunicación y periodistas.
Por un lado, hay quienes ponen el énfasis en la probabilidad de que el joven universitario sea drogadicto o esté enfermo de sus facultades mentales y, subidos en ese púlpito, descalifican la exigencia de que la autoridad investigue si fue transgredido o no el protocolo al que deben sujetarse los policías que lo detuvieron. Y no sólo no reclaman justicia sino que sugieren que si el joven es drogadicto merecía el trato que pudo haber recibido, y se equivocan, aun en el caso que Marco Antonio fuera drogadicto sus derechos humanos deben respetarse, no hay ni una sola justificación para que ello no ocurra y si fueron transgredidos, los cuatro policías que participaron en su detención deben ser castigados. La impunidad con que actúan los cuerpos de seguridad en la Ciudad de México y en el país no puede ni debe tener justificación, hay que ser más claro: ni aún en el supuesto de que el joven hubiera robado y estuviera bajo los efectos de la inhalación de algún solvente. Quienes aducen que Marco Antonio mereció lo que le hicieron (si se lo hicieron) es una manera de menospreciar los derechos humanos y la procuración de justicia.
Por otro lado están quienes no dudan: sobre la base de la asidua impunidad policiaca dicen que el estudiante fue agredido brutalmente, condenan a los policías y exigen la renuncia de Miguel Ángel Mancera (varios incluso se burlaron de él por la reciente pérdida de su madre), y suman este hecho al caso emblemático de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (en particular quienes han querido hallar cierta ventaja política en el contexto del actual proceso electoral). Esta franja social exige justicia pero ya tiene su veredicto, fueron los policías y se remiten a culpar al Estado y a rebasar las consignas de la frontera de la Ciudad de México y el Estado de México a advertir que todo es culpa del Estado. Esa franja también denuncia o reclama al polo opuesto que no respete los derechos humanos de Marco Antonio pero simultáneamente no respeta los derechos humanos de los policías señalados (la presunción de inocencia) sino que también tiene su veredicto. Esa también es una forma de menospreciar los derechos humanos y la procuración de justicia.
Los dos extremos tienen su veredicto en el tribunal de la opinión pública y las redes sociales, en tanto avanzan, tortuosos y cansinos, los procedimientos para deslindar responsabilidades. La prudencia no es un valor imperante y, en el fondo, tampoco lo es la cultura de la ley y los derechos humanos.
