Desde hace al menos 15 años México extraña vivir en paz. Un anhelo indispensable y una tarea colosal. La tendencia alcista en casi todos los delitos a lo largo de los años debe resolverse antes de que nos habituemos a la zozobra y a la incertidumbre, y debe revertirse ya porque representa un enorme costo humano, por sufrimiento y pérdida de vidas, así como un alto costo económico.
Por ello es conveniente dar seguimiento al Índice de Paz México (IPM), que elabora anualmente el Instituto para la Economía y la Paz, un conglomerado de expertos con sede en Australia y con presencia en nuestro país. Aquí, algunas de las cifras que reporta:
De 2020 a 2021, el IPM indica una mejoría de 0.2%, pero si la comparación se hace entre 2015 y 2021, se advierte un deterioro de 17.1% en el índice.
Ello se debe, en gran parte, a la expansión de los dos cárteles más grandes, la proliferación de grupos delictivos pequeños y la diversificación de la actividad criminal.
De 2015 a la fecha la tasa de crímenes de la delincuencia organizada empeoró en 48%, sobre todo por el crecimiento de 139% en el narcomenudeo. Las muertes atribuidas a los conflictos entre cárteles aumentaron de 669 en 2006 a más de 16 mil en 2020
En 2021 se registraron 34 mil homicidios, 94 cada día, lo que representa un incremento de 76% respecto de 2015.
Los estados más pacíficos, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche e Hidalgo tuvieron una tasa de 8.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, en tanto que los menos pacíficos, Baja California, Zacatecas, Colima, Guanajuato y Sonora, registraron una tasa de 73 homicidios. Como referencia, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice que Estados Unidos tiene una tasa de 6.28, la más alta entre los países desarrollados, y México de 28.37, el quinto lugar entre las tasas más altas del mundo.
Desde 2016, más de 117 mil personas han sido desplazadas internamente (45 mil en 2021), principalmente en Guerrero, Chiapas y Michoacán.
En 2021, el impacto económico de la violencia fue de 4.5 billones de pesos (243 mil millones de dólares), menor en 2.7% respecto de 2020, pero sigue siendo una cantidad exorbitante, equivalente a 20.8% del PIB y con un efecto per cápita de 38 mil 196 pesos.
El decrecimiento se debe sobre todo a la reducción en homicidios, secuestro y robo, pero también a la disminución de 8.5 por ciento en el gasto en seguridad pública y de 3.3 en el sistema judicial. El gasto militar, por otra parte, aumentó en 14.7 por ciento hasta llegar casi a 167 mil millones de pesos.
El documento sostiene que para mejorar México debe incrementar su gasto en el sistema judicial. En 2021, el gasto en seguridad pública y en el sistema judicial fue igual a 0.63% del PIB, el menor de América Latina y de la OCDE. Más aún, de 2015 a 2021 el gasto en ambos rubros bajó 37.2 y 7.5 por ciento, respectivamente.
De acuerdo con el IPM, combatir la corrupción y la ineficiencia empresarial, gubernamental e institucional reduciría la impunidad y los delitos, y liberaría fondos y recursos para inversiones muy necesarias.
Recomienda, además, replicar historias exitosas de programas de construcción de paz y resiliencia, lo que podría llevar a México a un círculo virtuoso hacia niveles más altos de paz. Largo el trayecto, imposible la resignación.
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