La Orden de Abogados de Brasil (OAB) presentó este lunes ante el Congreso una demanda de destitución en contra de la presidenta Dilma Rousseff por presunta manipulación de las cuentas públicas durante sus campañas electorales.
De acuerdo con Claudio Lamachia, presidente de la OAB, Rousseff es acusada de aumentar sus gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros al presupuesto usando bancos estatales entre 2014 y 2015.
"Nuestra institución, que defiende y practica la democracia, llegó a una decisión cuasi unánime sobre un tema tan delicado", declaró el pasado domingo Lamachia.
El pasado mes de noviembre una comisión interna de la OAB había recomendado a sus miembros evitar cualquier tipo de apoyo al proceso de destitución de la mandataria, sin embargo, retomaron el caso luego de que se puso al descubierto la red de licitaciones trucadas de Petrobras.
La demanda en contra de Rousseff incluye el nombramiento de Luiz Inácio Lula da Silva como ministro jefe de su gabinete sin importar las investigaciones que enfrenta por corrupción.
También se mencionan las acusaciones del senador Delcidio Amaral, exlider de la banca del Partido de los trabajadores (PT), quien asegura que Dilma sabía todo sobre la financiación ilegal de sus campañas de 2010 y 2014 a través de la red en torno a la estatal Petrobras.
Según la prensa local, esta demanda se suma a otras 11 registradas ante la Cámara de Diputados, entre ellas una eventual moción de destitución que tiene que ser aprobada por dos tercios de la Cámara y un tercio del Senado.
La Orden de Abogados es la única institución brasileña que ha logrado la destitución de un presidente, ya que en 1992 el Congreso aprobó la salida del entonces mandatario Fernando Color de Mello quien fue acusado de corrupción.
En tanto que, el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, y el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) están trabajando en políticas de recortes al gasto social en caso de que la presidenta sea destituida y se tenga que formar un nuevo gobierno.
El PMDB, el más grande del país, considera que los cambios deben incluir beneficios sociales como un programa de viviendas, una campaña para reducir el gasto y restablecer el equilibrio fiscal.
"Estamos viendo medidas que podrían beneficiar a la población, pero al mismo tiempo lograr un equilibrio fiscal y mantener saneadas las cuentas del gobierno", dijo Moreira Franco, un exministro de Rousseff, al diario brasileño Estado de São Paulo.
(Con información de La Nación y AFP)
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