Luego del asesinato del viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes a manos de presuntos mineros, fiscales revelaron que hay nueve detenidos, 100 testigos y al menos 12 prófugos.
La noche del pasado domingo, un juzgado ordenó la reclusión en prisión de tres importantes lideres mineros; La Fiscalía de La Paz indicó en un comunicado, que el minero Agustín Choque será recluido en el penal de máxima seguridad andino de Chonchocoro y que Clemente Colque y Paulino Layme irán a la cárcel de Patacamaya, situada en el altiplano de Bolivia.
Los mineros están acusados de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y portación ilícita de explosivos y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado.
En audiencia, Choque reveló que Illanes “rogó por su vida y pidió al comandante de la Policía no avanzar”, asimismo afirmó que parientes de uno de los mineros fallecidos durante las marchas fue el que alentó a la muchedumbre para tomar represalias por el minero muerto y dijo que los miembros de esa cooperativa fueron los que arremetieron contra la autoridad.
Por otro lado, los fiscales mencionaron que los dirigentes intentaban negociar la salida de los 10 mineros encerrados durante las protestas desde el 14 de agosto, a cambio de entregar el cuerpo de Illanes.
El viceministro fue asesinado el pasado jueves tras haber sido secuestrado por trabajadores cuando se dirigió al bloqueo de rutas en la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz para mediar en el conflicto.
Los mineros "secuestraron al viceministro para llevarlo a la comunidad de Belén en el cerro Pucara, donde con alevosía, ensañamiento y premeditación le quitaron la vida a golpes", según un pronunciamiento de la Fiscalía boliviana difundido el sábado.
La autopsia practicada a Illanes reveló lesiones en los centros nerviosos superiores, una lesión vascular y nerviosa, hemorragia subdural, edema cerebral, traumatismo cráneoencefálico y politraumatismo facial, torácico, genital y de extremidades.
(Con información de el diario El Deber y El Comercio)
cdrp