Las pocas libertades que los internautas, organismos o empresas nacionales y transnacionales pueden llevar a cabo en China cada día se ven más coartadas. Con sus más de mil 300 millones de habitantes, 710 millones de ellos conectados a la red, el país que gobierna Xi Jinping no sólo es el que tiene más usuarios conectados sino también es el que más censura contenidos y páginas globales como Facebook y YouTube.
Sin importar las críticas, de cualquier orden, este lunes la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país avaló la Ley de Ciberseguridad que, según la agencia Xinhua y tal como el régimen lo ve, “salvaguarda la soberanía en el ciberespacio, la seguridad nacional y los derechos de los ciudadanos”.
Sin embargo para organizaciones internacionales como Amnistía Internacional esta legislación simplemente “da carta blanca” a las autoridades para reprimir la libertad de expresión y privacidad.
De acuerdo con el reporte de El País, la nueva ley, que entrará en vigor en junio de 2017 y cuya versión definitiva irónicamente circula por Internet (aunque aún no se publica de manera oficial) prohíbe el uso del ciberespacio para “derribar el sistema socialista”, “inventar o diseminar información falsa con el fin de alterar el orden económico” o “incitar al separatismo o perjudicar la unidad nacional”.
Para evitar cualquiera de estas acciones, los operadores en sectores de “infraestructura crítica para la información” (energético, tecnológico o de transporte) deberán almacenar en territorio chino los datos de sus operaciones nacionales. Si desean transferir esos datos al extranjero, tienen que solicitarlo a las autoridades de seguridad.
Las empresas, asimismo, deberán censurar la información que se considere “inapropiada”, además de identificar a todo usuario con nombre y apellido real.
De igual forma, los sectores mencionados están obligados a proporcionar “apoyo técnico” a los servicios de seguridad interna china en sus investigaciones.
La nueva ley de ciberseguridad “requiere que las compañías de Internet sean cómplices en la censura y compartan información personal de las autoridades sin ninguna garantía. Aumentará el control de las autoridades sobre Internet y restringirá aún más la libertad de expresión y la privacidad”, declaró Patrick Poon, investigador para China de Amnistía Internacional.
Esta norma es la última de una serie de diversas en su clase aprobadas este año que concede nuevos poderes al gobierno para centralizar y aumentar su control sobre la red y la sociedad civil. A lo largo de estos meses también la Asamblea Nacional ha aprobado la ley antiterrorista, la ley sobre Seguridad Nacional y la ley sobre las Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras, todas muy criticadas por defensores de derechos humanos.
Cabe recordar que según las legislación china, el gobierno puede cancelar en cualquier zona del país el servicio de Internet si es que alega “motivos de seguridad”. Además tiene la autoridad para obligar a las compañías de tecnología chinas a censurar contenidos y supervisar los comentarios de sus usuarios. Otro de sus grandes aliados es la llamada “muralla” que impide que en la red se propaguen comentarios negativos contra el régimen de cualquier medio de comunicación; apenas el sistema detecta algún algoritmo, inmediatamente censura las páginas de los medios extranjeros.
