La empresa estadounidense Exxon Mobil realizó negocios vinculados con yacimientos presuntamente de origen corrupto por valor de 120 millones de dólares en Liberia, cuando el ahora exsecretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, era el presidente de la compañía petrolera, según reporte de la ONG Global Witness.
“La nueva investigación de Global Witness publicada hoy exhibe la complicidad del gigante petrolero estadounidense Exxon en la corrupción del sector petrolero en Liberia, con la compra de un bloque de petróleo que la compañía sabía que estaba contaminado por la deshonestidad“, detalla la ONG en una nota para la prensa.
Bajo el mando de Tillerson, el ahora exfuncionario de Donald Trump, Exxon sabía antes de participar en el negocio que el “Bloque 13” (como se le denominó en la subasta a ese campo de yacimientos) había sido adjudicado a través de sobornos y sospechaba que parte de los propietarios eran antiguos políticos del país, que se lo habían apropiado ilegalmente, denuncia la ONG en una investigación.
NEW INVESTIGATION: Exxon paid $120 million to the #Liberia government for an oil block it knew was tainted by corruption. https://t.co/eUCQdgbJdu #NoSecretDeals pic.twitter.com/vQE1JmxW1k
— Global Witness (@Global_Witness) March 29, 2018
“Global Witness advierte que la corrupción no se detectará a menos que Estados Unidos adopte una regla anticorrupción de petróleo y gas para implementar la Sección 1504 de la Ley Dodd-Frank“, destacó.
La Sección 1504 de la Ley Dodd-Frank exige a las compañías petroleras y mineras registradas en la Securities and Exchange Commission (SEC) informar periódicamente cuánto pagan a los gobiernos por los recursos naturales. Esta información ayuda a gobiernos a recaudar lo que se les debe y a los ciudadanos a comprender todos los beneficios de sus recursos. La SEC implementó la Sección 1504 en los requisitos regulatorios, el 22 de agosto de 2012.
En una presentación de la empresa a la que tuvo acceso la ONG, Exxon recogió su interés en la adquisición del citado contrato, a pesar de “la preocupación sobre problemas relativos a las normas anticorrupción de Estados Unidos”.
Exxon prosiguió con el acuerdo y se hizo con el espacio a través de la compañía Canadian Overseas Petroleum, que hizo de puente en la compra, siempre según la versión dada a conocer por Global Witness.
Si bien la petrolera estadounidense no respondió a la denuncia, la empresa canadiense referida como intermediaria aseguró por su parte que la adquisición no supuso ningún problema legal y que el Bloque 13 no era propiedad de expolíticos.
Según Global Witness, no era la primera vez que una compañía del sector energético en Estados Unidos estudiaba esa compra, ya que previamente Chevron habría desechado la opción de hacerse con el campo petrolero, debido justamente a preocupaciones relativas a las reglas anticorrupción de Estados Unidos.
La compra de 120 millones de dólares, denunció la ONG, estuvo acompañada de los pagos de más de 200 mil dólares realizados por una agencia de petróleo liberiana, también vinculada a prácticas corruptas, a seis oficiales del país que aprobaron el negocio, entre los que se encontraban los entonces ministros de Justicia, Finanzas y Minería.
Cada uno de los ‘premiados’, entre los que se encontraba el director de la agencia petrolera estatal de Liberia NOCAL e hijo de la expresidenta Ellen Johnson Sirleaf, Robert Sirleaf, recibió 35 mil dólares, en algunos casos el doble de sus salarios anuales.
En este sentido, Global Witness recordó que tras la llegada de Trump y Tillerson a la Casa Blanca, la administración y el Congreso desecharon la norma que permitía requerir a las compañías de Estados Unidos para que hicieran públicos pagos realizados a gobiernos, lo que habría ayudado a detectar y prevenir casos como el que ahora se denuncia, adujo la organización no gubernamental.
Como se recordará, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes aprobó el 13 de diciembre tres leyes de valores y una medida bancaria, incluida una legislación que derogaría los requisitos de divulgación de la Ley Dodd-Frank para las compañías de petróleo y gas.
“Exxon y sus grupos de presión se han pasado los últimos 10 años luchando ferozmente contra las leyes de transparencia en Estados Unidos”, aseguró Stefanie Ostfeld, subjefa de Global Witness, quien dijo que no sorprende que mientras la petrolera presionaba “estaba involucrándose en el sector corrupto de crudo liberiano”.
Por su parte, el director de Campañas de la ONG, Jonathan Gant, indicó que “mientras Estados Unidos gastaba miles de millones de dólares en ayudar a reconstruir la Liberia destrozada por la guerra, Exxon (bajo la mirada de Tillerson) minaba estos esfuerzos implicándose en la corrupción del sector petrolero”.
aml
