El Tribunal Supremo de Madrid ha condenado a 44 años de cárcel a Iulan T., de origen rumano, por trata de blancas y otros delitos cometidos en contra de mujeres, algunas de ellas menores de edad, a las que obligaba a prostituirse y llegaba a marcar con tatuajes y códigos de barras, como si fueran ganado.
Junto con él se enjuició a 13 personas más, entre las que se encuentran la esposa, hija y otros familiares del principal inculpado, a quienes les imponen penas de entre uno y 31 años de cárcel por explotación sexual, falsificación de documentos oficiales, prostitución proactiva, detención ilegal y lesiones.
Los hechos relatados en la sentencia cuentan cómo los integrantes de la banda enganchaban con engaños para llevar a España a jóvenes de origen rumano, algunas de ellas menores cuyas familias se encontraban en difícil situación económica y que no sabían leer ni escribir, a ejercer el comercio sexual en Madrid en zonas como el polígono Marconi, pisos de la calle Montera y prostíbulos.
El control de las jóvenes era ejercido mediante violencia extrema y recursos como tatuar en la piel de las mujeres señales que las marcaban como ganado y, así, les grabaron el apodo del proxeneta ("Nelutu") o las cantidades que una de las chicas adeudaba a la banda que las reclutaba. Una de las víctimas, que había logrado escapar, fue recapturada y después de ello, la mantuvieron secuestrada durante varios días, atada a un radiador y sin comida, además de golpearla, rociarle el rostro con material irritante y otros malos tratos, a los que se sumó un tatuaje en la cara interna de la muñeca con un código de barras.
El proxeneta llegó incluso a grabar en video algunas de estas torturas, tal y como relataron algunas de las menores que fueron sus víctimas y que luego se convirtieron en testigos protegidos contra sus captores y torturadores.
El alto tribunal rechazó todos los argumentos de los acusados y señala en sus fundamentos jurídicos que las pruebas son suficientes como para imponer las condenas dictadas. Las pruebas definitivas están constituidas, según los jueces del caso, por las declaraciones de las testigos protegidas, corroboradas por la Policía, por informes médicos y por otros elementos colaterales.
(Con información de El Mundo)