Por considerar que ha actuado en contra del régimen, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ordenó la disolución de la Cruz Roja y autoriza al ministerio de Salud confiscar todos sus bienes.
Por medio de una iniciativa de ley presentada por la diputada oficialista Lorna Dixon, se deroga el decreto fundacional de la Cruz Roja en Nicaragua, fundada en 1931.
El oficialismo argumenta que, al atender a las víctimas de la represión de las protestas de 2018, la Cruz Roja violó sus propios principios de imparcialidad y neutralidad.
Es decir, afirma que haber curado a heridos y rescatado los cuerpos de los asesinados por la policía del régimen fue un acto de intervencionismo en contra del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La Cruz Roja actuó contra los “principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad y neutralidad”, por haber tenido un papel en “los actos acontecidos en el año 2018, que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación”.
“En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta Asociación actuaron en contra de estos principios y de su Acta Constitutiva y Estatutos; y la Asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”, dice la iniciativa, que ya fue aprobada por los legisladores sandinistas, el nombre que toma el partido en el poder.
También le achaca el no transparentar sus finanzas al no presentar estados financieros, declaración fiscal, balances y otros documentos ante el ministerio de Gobernación, argumentos que el régimen ha usado en contra de todas las organizaciones de la sociedad civil, a las que consistentemente, pero sobre todo desde 2018, han atacado.
Así, la Cruz Roja se convierte en una dependencia del gobierno de Daniel Ortega, que en 2018, ante las masivas protestas en contra de las modificaciones al sistema de jubilaciones, respondió con ataques armados, cierre de medios de comunicación, falsas acusaciones en contra de periodistas, ocupación de universidades, incendio de estaciones de radio y ataques directos contra manifestantes.
También amenazó a empleados de gobierno, a quienes forzó a salir a marchar en defensa del dictador, intentó controlar el flujo de información en redes sociales y activó cientos de bots para esparcir propaganda.
Las protestas duraron meses y dejaron muertos y heridos, que la Cruz Roja atendió.
En la ley aprobada, se ordena el “traspaso de bienes” de la Cruz Roja a poder del Estado, a una entidad adscrita al ministerio de salud llamada Cruz Roja Nicaragüense.
“Desde el año 2007 el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido fortaleciendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), garantizando un abordaje integral, con el protagonismo de las familias, asegurando la salud desde el inicio de la vida, la niñez, adolescencia y adultez, volviendo a las familias sujetos activos en la construcción social de su propia salud. Este es el espíritu que asegura la salud de los nicaragüenses en Nicaragua desde un Modelo Cristiano, Socialista y Solidario”, dice la ley aprobada.
