Elisabeth X., de 25 años, carga con su hija de un año y cinco meses mientras espera su turno para que una enfermera que ha acudido a su comunidad le administre anticonceptivos. Elige las pastillas. Joana Mauricio, una enfermera del hospital de Moambo, le da tres tabletas mensuales, las necesarias hasta que la clínica móvil que han instalado a la sombra de un gran árbol, vuelva a Mahulane. En esta dispersa vecindad de Mozambique, hogar de un millar de personas, el centro de salud más cercano está a más de 20 kilómetros. Por eso, y dada la dificultad para una población rural empobrecida de trasladarse al consultorio, cada tres meses un grupo de profesionales salen a su encuentro para suministrar vacunas, medicamentos contra la malaria, el VIH u otras dolencias, y prestar servicios de salud sexual y reproductiva como la dispensa de contraceptivos. “Es muy importante que vengamos porque para ellas es muy difícil ir a los hospitales. Es bueno que usen estos métodos; les explicamos la importancia de que los utilicen para reducir los casos de embarazos no deseados y partos en casa”, detalla la especialista.
La próxima visita debería producirse a principios de junio, pero es posible que Elisabeth X. y las demás mujeres de la zona que no desean quedarse embarazadas, no reciban los métodos para impedirlo. El ministerio de Salud no descarta cesar este tipo de actividades en el Mozambique rural debido al coronavirus (del que se han reportado 76 infectados y ningún fallecido a día de hoy). “Depende de la evolución del número de casos”, explican fuentes del gabinete. Puede suceder que, aún celebrándose, la población no acuda por miedo a contagiarse o que, aunque asistan a la cita trimestral, no haya suministro de anticonceptivos. Estas son las causas por las que, según las estimaciones del Fondo de Población de la ONU (UNFPA) publicadas este martes, 47 millones de mujeres dejarán de tener acceso a métodos de planificación familiar y habrá siete millones de embarazos no deseados en los próximos seis meses en 114 países de renta baja y media.
La investigación del UNFPA, realizada con contribuciones de Avenir Health, la Johns Hopkins University (EE UU) y la Universidad Victoria (Australia), desvela que, por cada trimestre que se prolongue la interrupción de los servicios de salud sexual y reproductiva habrá dos millones adicionales de mujeres que dejen de usar anticonceptivos modernos. Lo que supondrá un gran paso atrás en los progresos que se venían produciendo en la extensión de su uso, que casi se había duplicado en dos décadas, pasando de los 470 millones que los utilizaban en 1990 a 840 millones en 2018.
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