La muerte de Pablo Neruda parece una novela interminable. Falleció hace 45 años y ha tenido cuatro funerales –en 1973, 1974, 1992 y en 2016–, mientras las razones de su deceso siguen siendo un misterio. Hace nueve años, desde 2011, los tribunales investigan su muerte, luego de que el chófer del Nobel de Literatura, Manuel Araya, denunciara que fue envenenado con químicos por la dictadura de Augusto Pinochet, mientras permanecía ingresado en una clínica por su cáncer de próstata, en los días posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La causa a cargo del juez Mario Carroza intenta dilucidar si falleció por la enfermedad, como se pensó siempre, o por la intervención de terceros. Pero ha sido una investigación compleja y llena de trabas: desde octubre de 2017, laboratorios de Canadá, Dinamarca y Estados Unidos están a la espera de las muestras que Chile debe enviarles y que permitirán determinar el origen de una bacteria encontrada en un molar del poeta.
En noviembre de 2013, un equipo de expertos determinó que Neruda murió a causa del cáncer, de acuerdo a pruebas toxicológicas de sus restos exhumados. Un segundo grupo conformado por peritos internacionales, sin embargo, gracias a nuevas técnicas de genética microbiológica concluyó en octubre de 2017 que no falleció por su enfermedad y descubrió en su cuerpo dos elementos externos –estafilococo aureus y clostridium botulinum–, aunque no llegó a determinar que hayan causado su deceso. Fue este mismo equipo de expertos el que recomendó que debía comprobarse el origen del clostridium botulinum, lo que terminaría de configurar el puzzle. Debe descartarse que haya llegado a su cuerpo por los consecutivos movimientos del cadáver. Si la tierra estudiada no arroja la presencia del elemento, sin embargo, podría pensarse en la acción de terceros.
Pero la realización del peritaje se ha enredado en el camino. Primero, por problemas administrativos originados en Chile: en 2018, el magistrado Carroza preguntó en diversas ocasiones al Ejecutivo sobre la repartición pública que debería pagar el examen en los laboratorios internacionales. En enero pasado, la Contraloría determinó, finalmente, que sería el Ministerio del Interior el encargado de financiar los gastos asociados a la causa de Neruda y no la Subsecretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia. Pero desde el pronunciamiento de la Contraloría han transcurrido otros cuatro meses.
“Tiene que haber una disposición de parte del Ejecutivo para entregar los recursos y poder concluir con las investigaciones”, reflexiona el juez Carroza, que ha investigado casos de alta connotación pública en materia de derechos humanos, como el de la muerte del presidente Salvador Allende. En el Ministerio del Interior, que son querellantes en esa causa, explican que están a la espera de que los laboratorios internacionales entreguen presupuestos actualizados sobre el valor de los estudios pendientes. Posteriormente se firmarían los contratos, de acuerdo a las normas del Estado chileno.
Pero lo del dinero no ha sido el único problema que ha paralizado la investigación. El sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes, querellante en la causa, hace meses le solicita al tribunal a través de diferentes escritos que pida a los forenses del Servicio Médico Legal que aclare el estado y la conservación de las muestras de sedimentos obtenidas en la última exhumación de Neruda, de abril de 2013, fundamentales para que los laboratorios internacionales determinen el origen del agente externo encontrado en el cuerpo del escritor. Son tres muestras de tierra obtenidas desde la superficie de la sepultura del poeta en Isla Negra, una localidad costera a unos 100 kilómetros de Santiago de Chile, donde sus restos permanecen desde 1992.
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