De acuerdo con un análisis de la consultora Integalia, entre septiembre de 2020 y hasta el 28 de febrero del presente año, se han registrado 90 incidentes de violencia política con un saldo de 108 víctimas, de las cuales 75 fueron asesinadas.
El informe, consultado por El Financiero, señala que estos eventos se produjeron en 23 de las 32 entidades federativas del país, mientras que los homicidios en contra de candidatos o funcionarios públicos, ocurrieron en 19 estados de la República.
Oaxaca concentra el mayor número de casos con 10 asesinatos y dos heridos; seguido de Veracruz, con ocho homicidios y ocho heridos; Guanajuato, con siete asesinados y dos heridos; Guerrero, con seis homicidios y tres heridos y Baja California, con seis crímenes.
El documento detalla que 83% de las víctimas son hombres y 17%, mujeres. La mayor parte de ellas eran funcionarios gobierno o de partidos, o bien, precandidatos de diferentes partidos políticos, nacionales y locales.
De las personas asesinadas con una filiación política acreditada, 33% eran de Morena; 26% del PRI, mientras que el PRD y Movimiento Ciudadano, registran 12% cada uno. El 17% restante se divide entre otros partidos como PAN, PVEM, PES y Redes Sociales Progresistas.
El reporte detalla que de septiembre a febrero fueron asesinados 18 funcionarios municipales; 11 aspirantes a elección popular, siete funcionarios federales y siete estatales. En esta relación también se incluyeron los homicidios de seis activistas, cuatro exfuncionarios públicos, cuatro periodistas, tres expresidentes municipales, tres presidentes municipales, tres líderes de partido, dos legisladores locales, dos jueces, dos excandidatos y 10 casos más eran funcionarios de otros niveles.
Entre estos crímenes destacan el de Leobardo Ramos Lázaro, presidente municipal de Chahuites, Oaxaca, de Movimiento Ciudadano; Gladys Merlín Castro, expresidenta municipal de Cosoleacaque, Veracruz, de extracción priista y Carla Enríquez Merlín, precandidata Morena a la presidencia municipal de esta misma localidad. Todos estos casos se registraron en febrero.
A manera de conclusión, Integralia indicó que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó el pasado 4 de marzo la estrategia del gobierno federal para ofrecer protección a candidatos amenazados en el proceso electoral en marcha, sin embargo, advierte que aun cuando puede tomarse como una señal positiva, tendrá un arranque tardío y no se podrá instrumentar adecuadamente dada la magnitud de la elección donde se disputarán más de 3 mil 500 cargos.
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